El futuro de Doñana se encuentra actualmente en un delicado punto de inflexión, ya que se están llevando a cabo reuniones entre representantes de la Junta de Andalucía, el Gobierno central y diversos actores sociales y económicos en la región. Hace dos semanas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a la vicepresidenta Teresa Ribera, anunció un plazo de un mes para llegar a un acuerdo que garantice la sostenibilidad medioambiental del parque y, al mismo tiempo, proteja la actividad económica en la zona. De no alcanzarse un acuerdo, se consideraría reactivar la ley de regadíos promovida por el Partido Popular y Vox en el Parlamento.
Moreno destacó que el único obstáculo pendiente para desbloquear un acuerdo con el Gobierno de España en relación a Doñana es «el problema de los agricultores». Afirmó que si este problema se resuelve, el acuerdo podría firmarse de inmediato. Durante un discurso en las jornadas Metafuturo, Moreno explicó que su Gobierno siempre ha prestado atención a la difícil situación de los agricultores que se encuentran en la zona norte del parque de Doñana, y que solo se llegará a un acuerdo con el Gobierno central cuando se ofrezca una solución a esta problemática.
«El acuerdo se logrará cuando se resuelva el problema de los agricultores, que es el obstáculo principal pendiente. Si se soluciona el problema de los agricultores, firmaremos el acuerdo mañana», declaró el presidente andaluz, ejemplificando con el proceso de reconversión laboral de la minería del carbón.
Moreno destacó que la Junta ha demostrado un enfoque de «sentido común y diálogo» en el caso de Doñana. Aunque admitió haber recibido diversas críticas y etiquetas, mostró su confianza en que finalmente ambas partes llegarán a un acuerdo.
Previamente, en el mismo foro, la ministra en funciones también se refirió a la necesidad de ofrecer «oportunidades en el territorio», enfatizando que «ofrecer oportunidades no significa prometer lo que no existe». La ministra pidió que la Junta de Andalucía anunciara las contribuciones que aportaría al acuerdo. Indicó que «no faltarán recursos», ya que se han asignado suficientes, y resaltó la importancia de la creación de actividades alternativas y sostenibles en el área de Doñana. La ministra enfatizó que se busca un enfoque sostenible y duradero, en contraposición a una simple transferencia de fondos que no resolvería la cuestión. Se están discutiendo una serie de medidas con varios actores, incluidos actores económicos, sociales, científicos y alcaldes, que han recibido hasta el 20 de octubre para presentar sus propuestas.