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La violencia filioparental está detrás de un tercio de los internamientos de menores infractores decretados por los jueces que cumplen en los 13 Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de Andalucía, que gestiona la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.
Así, de los 1084 jóvenes que pasaron por estos centros el año pasado (915 chicos y 169 chicas), el 31% habían agredido a sus progenitores (336).
Los jueces de Menores pueden imponer internamiento en régimen cerrado, abierto, semiabierto, de fin de semana o terapéutico. En Andalucía hay 13 centros de internamiento con un total de 701 plazas, tanto para chicos como para chicas. De ellos, cuentan con unidades de internamiento terapéutico los dos centros de Almería (El Molino y Tierras de Oria) y de Cádiz (La Marchenilla y Bahía de Cádiz), así como el CIMI Sierra Morena de Córdoba, el centro Genil de Granada y Los Alcores en Sevilla.
La memoria anual de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería revela un descenso del internamiento ordinario mientras aumenta levemente el terapéutico, especialmente para las chicas. Así, el 64% de los menores infractores a los que los jueces impusieron medidas privativas de libertad estuvieron en régimen semiabierto y un 22% en internamiento terapéutico.
Casos más comunes de violencia filioparental
Los delitos más frecuentes fueron los de lesiones, relacionados con la violencia filioparental especialmente, y contra el patrimonio (robo y hurto). Además, 21 jóvenes cumplieron medidas en los CIMI por violencia de género (1,94% del total).
El sistema de Justicia Juvenil también prevé medidas no privativas de libertad, que son mayoritarias, tales como la realización de tareas socioeducativas, prestaciones en beneficio de la comunidad, libertad vigilada, estancia en grupos educativos de convivencia (una de las medidas más decretadas por los jueces en casos de violencia filioparental) o la realización de actividades de orientación laboral o refuerzo educativo en centros de día.
Para el cumplimiento de estas medidas, la Consejería de Justicia cuenta con 17 grupos educativos de convivencia con 136 plazas y nueve centros de día para menores que se mantienen en su entorno pero deben acudir a actividades formativas y de intervención social. Además, tiene suscritos convenios con una decena de ONG y más de un centenar de ayuntamientos para que los menores realicen tareas socioeducativas y prestaciones en beneficio de la comunidad en servicios municipales de su propia localidad de origen, así como para que la Policía Local controle el cumplimiento de las medidas de libertad vigilada.
Existen ocho Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA), uno en cada provincia, donde 165 profesionales realizan el seguimiento del cumplimiento de estas medidas.