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La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali ha denunciado por escrito a la Fiscalía Provincial de Delitos de Odio de Granada para que inicie las investigaciones pertinentes para dirimir posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse del accionar de un grupo minoritario de vecinos que, aprovechando la concentración pacífica convocada en repulsa por la muerte violenta del joven de 19 años en Íllora, procedió presuntamente a atacar las propiedades de familias gitanas del pueblo.
La Guardia Civil asegura que los autores de los daños a las cinco casas asaltadas y los cuatro coches destrozados han sido identificados y se procederá a su denuncia en las próximas horas.
Asimismo, Fakali muestra una total desaprobación y rechazo hacia la iniciativa de recogida de firmas por parte del consistorio de la localidad gaditana con la intención de expulsar a toda la familia de los supuestos asesinos.
La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas recuerda en dicho escrito ante la Fiscalía, que, con la reciente modificación del Código Penal, se incluye el concepto de antigitanismo como agravante en la comisión de ilícitos penales (artículo 22), y también como elemento motivador de los delitos de odio (artículo 510), por lo que entiende que justifica una investigación de los graves sucesos ocurridos en la noche de este pasado lunes desde esta perspectiva.
Del mismo modo, Fakali solicita a la propia Fiscalía de Delitos de Odio de Granada que revise de manera concienzuda los comentarios de insultos y amenazas que han aflorado en redes sociales sobre estos hechos.
La presidenta de Fakali, Beatriz Carrillo, ha condenado el homicidio del joven Juan y ha mostrado su afecto y solidaridad con la familia de la víctima, apelando al mismo tiempo a que «desde la comprensión hacia el dolor del pueblo y los padres del muchacho asesinado: nada de venganza, sencillamente hay que exigir justicia. Ningún crimen, por odioso que sea, justifica a los afectados para tomar venganza por su propia mano. La presión popular debe ejercerse, política e institucionalmente, sobre los instrumentos jurídicos y gubernativos del Estado, a quienes corresponde velar por la seguridad pública».