Archivo - Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en la Audiencia de Sevilla - María José López - Europa Press - Archivo

La Audiencia de Sevilla ha condenado a cuatro años y nueve meses de prisión al exchofer del fallecido exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, en una pieza separada del caso ERE. El exchofer enfrentaba cargos por prevaricación, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales, relacionados con ayudas otorgadas por la Junta a tres empresas de las cuales él era socio y administrador, así como por la suscripción fraudulenta de pólizas de seguros a favor de su madre.

La sentencia, comunicada este martes, lo condena como cómplice necesario en un delito continuado de prevaricación y malversación, y también por falsificación de documentos. Se le impone una pena de cuatro años y tres meses de inhabilitación especial para empleo público por prevaricación, y tres años de prisión y siete meses de inhabilitación absoluta por malversación, relacionados con ayudas por valor de 1.350.000 euros a sus empresas.

Por la suscripción fraudulenta de pólizas de seguros a favor de su madre, es condenado por falsificación de documentos, prevaricación y malversación. Recibe tres meses de prisión, una multa de 540 euros por falsificación, tres años y seis meses de inhabilitación especial por prevaricación, y un año y medio de prisión y tres años de inhabilitación absoluta por malversación.

Sin embargo, es absuelto del cargo de tráfico de influencias, debido a que no se pudo probar una influencia directa del acusado sobre Guerrero.

Indemnización a la Junta de Andalucía

En términos de responsabilidad civil, se le ordena indemnizar a la Junta de Andalucía con 1.350.000 euros, de los cuales 450.000 euros deberán ser indemnizados conjuntamente con el gobierno andaluz. Además, la esposa del condenado deberá indemnizar a la Junta con 24.000 euros.

La sentencia establece que el exchofer se benefició de ayudas concedidas irregularmente, desviando fondos para usos personales y colaborando en la falsificación de documentos para obtener subvenciones. El tribunal también encontró que el acusado se benefició personalmente de pólizas de seguros fraudulentas a nombre de su madre.

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