La Guardia Civil investiga doce empresas por diez presuntos delitos contra el medio ambiente por extracción ilegal de agua en el Parque Natural de Doñana. Además, en dichas pesquisas se encuentran en el punto de mira catorce personas que podrían estar implicadas en el asunto. Se trata de un delito de «distracción ilegal de aguas con perjuicio para los ecosistemas de Doñana», según informan desde la Guardia Civil.
En concreto el Seprona, en el marco de la Operación MIZU II, desarrolló una campaña de inspección a lo largo del pasado año, en la que detectó la comisión de 98 infracciones penales, la mayoría de ellas contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, procediendo a la detención e investigación de 133 personas. Se destacan también otros delitos como Distracción y Defraudación de Aguas, Ordenación del Territorio e incluso Contra la Administración Pública. La vigilancia y control de la adecuada gestión de los recursos hídricos, principalmente acuíferos, ha permitido detectar hasta 2.326 infracciones administrativas.
Técnicas para la captación ilegal de agua en Doñana
Entre las técnicas de captación ilegales de aguas más comunes, los agentes del SEPRONA han detectado perforaciones de pozos y sondeos careciendo de autorizaciones, balsas ilegales de acumulación de agua, también captaciones directas de cauces y arroyos y caudalímetros (contadores volumétricos de agua) no homologados, manipulados o simplemente no operativos.
La mayoría de instalaciones de extracción ilegal de agua en Doñana carecía de medidas de seguridad, lo que representa un peligro para la vida o la integridad física de personas o animales, sobre todo cuando las estructuras son abandonadas después de ese aprovechamiento ilegal.
La información recopilada ha permitido confeccionar un registro con las ubicaciones de las construcciones ilegales para su control y seguimiento mediante el uso de técnicas de georreferenciación; del total de estructuras el 74% se corresponden con pozos y sondeos.
Gran parte de la operación se ha desarrollada en zonas especialmente sensibles y vulnerables como pueden ser el Parque Nacional de Doñana y las Cuencas de los principales ríos de España.
Amnistía al cultivo ilegal en Doñana
La organización WWF ha denunciado que el Grupo popular del Parlamento de Andalucía ha preparado una proposición de Ley con la que daría amnistía a los agricultores que trabajan cultivos ilegales bajo plástico en Doñana.
Se trata de más del 85% de la actual superficie ilegal lo que se «perdonaría», señalan desde WWF. «Lo que se pretende hacer supondría no sólo una burla a la sociedad española y a los organismos internacionales, sino que sería uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una administración en la historia de este espacio protegido», han manifestado en un comunicado de prensa.
Al Congreso
Andaluces Levantaos, de la mano de Más País, ha presentado una Propuesta No de Ley (PNL) en el Congreso pidiendo a éste que «ejerza sus funciones» y proteja el Parque Nacional de Doñana ante «el aumento planteado de hectáreas regables que puede traer consigo la petición de autorización de pozos que contribuyan a la sobreexplotación del acuífero».
«El Parque Nacional tiene un enorme valor ecológico», alegan desde Andaluces Levantaos añadiendo, «se encuentra bajo figuras de protección como haber sido declarado zona Ramsar y ser incluido en la RED Natura como ZEPA». Doñana fue nombrado lugar Patrimonio de la UNESCO y es una de las más grandes e importantes reservas de la biosfera de España.
Unidas Podemos pide un pronunciamiento de la Comisión Europea
Unidas Podemos por Andalucía ha solicitado a la Comisión Europea que detalle su posición sobre el proyecto de ley registrado por PP, Cs y Vox para «ampliar la superficie de regadío de Doñana y regular la extracción ilegal de agua en el Parque Natural». En el escrito registrado este martes en el Parlamento Europeo, Unidas Podemos ha recordado que «en junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que, debido a las extracciones ilegales de agua, se habían incumplido varias disposiciones de la Directiva marco de aguas y la Directiva de hábitats».
En este sentido, desde Unidas Podemos han pedido a la UE que clarifique si la iniciativa «promovida desde el Gobierno andaluz, contradice la sentencia del TJUE o afecta al espacio protegido de Doñana».