El anuncio del Ministerio de Transportes de cerrar durante al menos seis meses el servicio de Cercanías entre Málaga y Fuengirola genera incertidumbre en el sector ferroviario. Desde el sindicato CGT consideran «kamikaze» y «un golpe a la movilidad» la paralización que se producirá debido a unas obras pendientes que tendrá que llevar a cabo Adif entre los años 2027 y 2028. Además, la inquietud es mayor respecto a la estabilidad laboral de los empleados de Renfe (personal maquinista, comercial, de talleres, limpieza…).
«La preocupación es ante la desinformación y la posibilidad de que se puedan plantear ERTE o ERE, como está sucediendo actualmente con el corte de la vía del AVE», indican desde el Sector Ferroviario de CGT. «El anuncio no solo pone en vilo el empleo de cientos de personas sino que es un tsunami para quienes dependen del tren para hacer sus desplazamientos cotidianos por trabajo, estudios u ocio», reza una parte del comunicado. La realidad es que son muchos usuarios los que cada año hacen uso de la línea C-1 de la Costa del Sol para ir a trabajar o estudiar, además de los datos del turismo.
Un servicio «insuficiente»
En verano el tráfico llega a alcanzar el 117% de su capacidad, resultando insuficientes las frecuencias de la línea C-1 que conecta la capital con Fuengirola. En este sentido, una de las propuestas del Ministerio tras la obra es precisamente reducir el tiempo entre trenes de 20 a 15 minutos.
Por otro lado, no hay modificaciones respecto a la línea C-2 que, lejos de tener el mismo nivel de afluencia que la C-1, tiene frecuencias que los viajeros catalogan como «absurdas» e «insuficientes». Los vecinos que deben llegar a pueblos como Pizarra o Álora en este recorrido tienen un tren cada hora y, en algunos casos, hasta cada dos.
Málaga, Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola reclaman, a través de sus ayuntamientos, coordinación institucional y una planificación completa al Ministerio. El Gobierno ha respondido que se garantizará el transporte alternativo mientras duren las obras. CGT, por su parte, ha anunciado el inicio de una campaña de asambleas entre los colectivos ferroviarios afectados, junto a un llamamiento a la ciudadanía para exigir «un proceso transparente de información y participación». Todo ello en un nuevo episodio de polémica alrededor de la movilidad malagueña.