La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera en una pieza separada del caso ERE relacionada con las ayudas concedidas a la empresa Instaladora Moderna de Electricidad S.L.. El tribunal considera que «no consta suficientemente acreditado» que el acusado fuera conocedor de las irregularidades procedimentales en la concesión de dichas ayudas.
La sentencia, facilitada por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, también absuelve al representante legal de la empresa, José Manuel P.S., de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento oficial por los que ambos fueron juzgados.
El tribunal no ve probado que conociera las irregularidades
Según recoge la resolución judicial, Rivera no participó en las irregularidades detectadas en el procedimiento administrativo, limitándose a asumir la concesión de la ayuda para ordenar el pago. En concreto, la Audiencia sostiene que las irregularidades en la tramitación «no pueden ser reprochadas al acusado», ya que «no participó en ellas de ningún modo».
El tribunal también destaca que el ex alto cargo inició en noviembre de 2010 un procedimiento de investigación interna y posteriormente una revisión de oficio de los expedientes administrativos relacionados con la concesión de ayudas, con el objetivo de restablecer el orden jurídico.
Durante el juicio, la Fiscalía Anticorrupción solicitó para Rivera una pena de tres años y tres meses de prisión, además de dos años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 1.800 euros por los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial en concurso con malversación.
También absuelto el representante de la empresa
La Audiencia Provincial también ha absuelto al representante legal de la empresa Instaladora Moderna de Electricidad S.L., al entender que tampoco quedó acreditado que conociera las irregularidades en la concesión de las ayudas.
Según el tribunal, su intervención se limitó a presentar la solicitud de las ayudas y aportar la documentación requerida, aunque de forma incompleta. Además, la sentencia señala que el empresario no participó en la disposición de fondos públicos ni propició la resolución administrativa que concedió las ayudas.
Irregularidades administrativas pero con finalidad pública
La resolución judicial reconoce que el procedimiento administrativo presentaba «serias y graves irregularidades» tanto en la concesión como en la tramitación de las ayudas. Sin embargo, los magistrados subrayan que dichas irregularidades no implican necesariamente la comisión de delitos de malversación o prevaricación cuando las ayudas persiguen un fin público.
En este caso, el tribunal entiende que la ayuda sociolaboral excepcional ordenada por Rivera tenía como objetivo abonar cantidades pendientes a los trabajadores y cubrir adelantos realizados por la empresa para el pago de indemnizaciones, por lo que podría encajar dentro de un fin público.
La sentencia también recuerda la doctrina establecida por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, según la cual no puede considerarse delictiva la concesión de ayudas sustentadas en un sistema de financiación previsto en leyes presupuestarias aprobadas por el Parlamento mientras dichas normas sigan vigentes.
Ayudas vinculadas al mantenimiento del empleo
Los magistrados señalan que las ayudas concedidas a la empresa no fueron ajenas al interés público, ya que estaban vinculadas al programa presupuestario 31L, destinado a mantener el empleo y apoyar a empresas con dificultades financieras.
Asimismo, la resolución destaca que los beneficiarios finales de las ayudas fueron los trabajadores y extrabajadores de la empresa, lo que refuerza la consideración de interés público de las subvenciones concedidas.
Con esta decisión, la Audiencia Provincial de Sevilla suma ya veintiocho sentencias dictadas en distintas piezas separadas de la macrocausa de los ERE, uno de los procesos judiciales más extensos de la historia reciente en Andalucía.