Un total de 243 personas fallecieron en enero de 2026 en Andalucía mientras esperaban recibir atención del sistema de dependencia, según denuncia la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). La organización alerta además de que la lista de espera ha aumentado en 4.478 personas en solo un mes, mientras miles de dependientes con derecho reconocido siguen sin recibir la prestación que les corresponde.
Según los datos analizados por FOAM a partir de las estadísticas oficiales del sistema de dependencia, 243 personas murieron durante el mes de enero mientras aguardaban algún tipo de atención o ayuda pública. De ellas, 102 fallecieron sin haber sido siquiera valoradas por la administración, es decir, sin que se hubiera reconocido oficialmente su situación de dependencia. Las 141 restantes sí tenían reconocido su grado de dependencia y aprobado su Programa Individual de Atención (PIA), pero murieron antes de recibir la prestación o servicio asignado.
La federación también advierte de que la lista de espera del sistema volvió a crecer con fuerza en el primer mes del año. El número de personas pendientes de atención ha pasado de 40.092 en diciembre a 44.570 en enero, lo que supone un incremento de 4.478 personas en apenas un mes.
A esta situación se suma otro dato que refleja el retraso entre el reconocimiento administrativo del derecho y su aplicación efectiva. En Andalucía existen 340.135 personas con resolución de Programa Individual de Atención, pero 13.760 de ellas continúan sin recibir ninguna prestación o servicio, a pesar de tener reconocido ese derecho.
FOAM señala además una caída significativa en el número de nuevas solicitudes registradas, que han pasado de 12.623 en diciembre a 7.716 en enero, lo que supone una reducción cercana al 39 %. La organización interpreta este descenso como un posible efecto de desánimo entre las familias ante los largos tiempos de espera del sistema.
Ante esta situación, la federación reclama reforzar los recursos humanos y la financiación del sistema de dependencia, activar con urgencia las prestaciones pendientes y publicar datos diferenciados que reflejen cuántas personas reciben realmente una ayuda efectiva. Según advierten, cuando una persona dependiente fallece esperando una prestación que ya tenía reconocida, «no se trata de un simple retraso administrativo, sino de un derecho que llegó demasiado tarde».