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El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado dos autos en los que acuerda la apertura de juicio oral contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera y otros nueve acusados en dos piezas separadas del caso ERE por las ayudas a Manufactura Española del Corcho S.A. (Samec) y Huelva Comunicación Multimedia S.L. y Atlántico Radio y Televisión S.L.L..
De este modo, y en uno de estos autos, el magistrado abre juicio oral contra el exalto cargo de la Junta y el administrador de Atlántico Radio y Televisión al considerar que podrían haber cometido presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental, imponiéndoles sendas fianzas de 150.000 y 648.896,86 euros, respectivamente.
En la segunda de las resoluciones, relativas a las ayudas a Samec, el instructor abre juicio oral contra el exdirector general de Trabajo aludido y contra otras ocho personas por esos mismos delitos, fijando fianzas que oscilan entre 1.679.000 euros y 223.370,66 euros.
Así, el juez ocupado de estas piezas del caso ERE ha dictado los dos autos de apertura de juicio oral tras recibir los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción, el PP-A y la Junta de Andalucía, acusación ésta última que ha solicitado el sobreseimiento y archivo de ambas causas contra el exalto cargo de la Administración autonómica.
En el caso de Samec, la acusación particular ejercida por la Junta no acusa a Rivera al considerar, entre otros aspectos, que no constaría acreditado que «conociera el artificio de los despidos de Samec ni la concesión ilícita de las ayudas para las pólizas, ni la ilegítima inclusión en ellas» de uno de los acusados, así como, con posterioridad a dictar la resolución/orden de pago de fecha 1 de septiembre de 2010, inició expediente de comprobación de posibles irregularidades por inclusión indebida de beneficiarios en la póliza de prejubilación respecto de la que ordenó los pagos (167.528 euros) objeto de subvención.
Asimismo, y en lo relativo a la pieza de Huelva Comunicación, la acusación ejercida por la Junta pidió el sobreseimiento respecto del exalto cargo al entender que, de los hechos relatados en su escrito de acusación sobre su intervención en este caso, «(…) no se puede inferir el dolo o elemento subjetivo que requieren los delitos investigados de prevaricación y malversación. Además, fue quien promovió los expedientes de revisión de oficio de las ayudas concedidas a las dos empresas».