A pesar de que se tenía previsto eliminar la orden de tarifas y conciertos de las consultas de Atención Primaria a finales del año pasado, se deberá esperar unos días más para que esta medida entre en vigor. El nuevo documento está actualmente en la fase de información pública y ha sido compartido con los actores sociales que participaron en las diversas mesas sectoriales encargadas de su implementación. Después de recibir y analizar las objeciones, se procederá a la elaboración del texto definitivo, el cual será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, tomando efecto veinte días después.
El «acto único asistencial»
La principal innovación que incorpora la nueva orden, además de la eliminación total de la Atención Primaria de su contenido, es la introducción del denominado «acto único asistencial», que sustituye a la «consulta de Alta Resolución». Se trata, según lo explicado en el texto de la orden, de un enfoque de atención médica que permite al paciente ser evaluado por un especialista, realizar pruebas diagnósticas necesarias y recibir tratamiento o propuestas terapéuticas, todo en una sola sesión. En el anexo se establece que, en casos donde este servicio no pueda ofrecerse en un centro de atención pública y se derive a uno privado, la tarifa máxima que abonará el Servicio Andaluz de Salud será de 250 euros por consulta.
La Consejería de Salud justifica la derogación de la orden anterior aprobada en febrero del año pasado argumentando que buscaba desarrollar un sistema de presupuestación y tarificación de convenios para asegurar la prestación asistencial pública y gratuita, recurriendo a la colaboración privada solo en situaciones excepcionales de alta demanda o emergencias sanitarias, manteniendo la naturaleza pública de la cobertura.
Cabe recordar que durante meses, tanto la consejera de Salud como todo el Gobierno de la Junta de Andalucía se resistieron a modificar el texto, incluso realizando ajustes para asegurar a los representantes sindicales de los profesionales sanitarios que solo se llevaría a cabo en caso de una nueva pandemia o eventos de bioterrorismo. La orden de tarifas establecía precios específicos para consultas de Atención Primaria en instalaciones privadas y del SAS, pero ahora se ha decidido eliminarlas por completo.