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Adelante Andalucía ha denunciado este miércoles ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción el fichaje como director médico de la aseguradora Asisa del exviceconsejero de Salud y gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, por entender que ha incumplido con la obligación de abstención que recoge la Ley 5/2003 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.
Su portavoz, José Ignacio García, ha explicado en una atención a los medios de comunicación tras registrar su solicitud ante la Oficina Antifraude que, además de esta iniciativa, «vamos a estudiar la posibilidad de llevar a este señor a los tribunales ante un presunto caso de cohecho que pudiera haber ocurrido en la Administración pública andaluza».
En la argumentación de la iniciativa que ha planteado ante ese organismo de extracción parlamentaria para que analice el comportamiento de quien ha desempeñado «posiblemente los dos cargos más importantes que hay en el sistema sanitario público después de la consejera», García ha sostenido que Guzmán «no solo ha prorrogado los conciertos de varios hospitales con esta empresa, con Asisa, no sólo ha prorrogado conciertos en materia de intervenciones quirúrgicas, de procedimientos diagnósticos, sino que además ha otorgado a dedo hasta 44 millones de euros a Asisa».
Ha blandido seguidamente que «justo después este hombre ha sido fichado como director médico de Asisa», de lo que ha colegido que «estamos ante un caso de corrupción política» con la premisa de que «todo proceso de privatización es corrupción política».
El portavoz de Adelante Andalucía ha sostenido que ese fichaje por una aseguradora privada de quien fue número dos de la Consejería de Salud se trata de «un caso que incumple la Ley de Incompatibilidades» por considerar que «es un caso de puertas giratorias».
Al tiempo ha esgrimido como razón de fondo que «estamos hablando de que primero no funciona bien la sanidad pública, después la tienen que privatizar y, en tercer lugar, el señor que privatiza la sanidad acaba fichado por la empresa que está comprando a trozos la sanidad pública andaluza» para concluir que «esto es una auténtica barbaridad».
«El Gobierno de Moreno Bonilla empieza a oler fatal en corrupción»
José Ignacio García ha argumentado que «éste ya es, al menos, el tercer caso de incompatibilidad grande, de altos cargos del Gobierno de Moreno Bonilla, que lo que hacen es beneficiarse a sí mismos o a empresas privadas en las que después acaban contratados», una situación sobre la que ha considerado que «pasa de castaño a oscuro» y ha inferido que «el Gobierno de Moreno Bonilla empieza a oler fatal en materia de corrupción».
Además de plantear que «se tiene que investigar este caso», ha reclamado que «la consejera de Salud, responsable de políticas directas tiene que dimitir inmediatamente», convencido de que «no puede estar un día más asumiendo la dirección de la sanidad andaluza porque está beneficiando a las empresas privadas», antes de augurar que «a lo mejor ella cuando deje de ser consejera acaba también en las empresas privadas de la sanidad».
«La Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos de la Junta de Andalucía tiene un sentido y el sentido es evitar casos de corrupción», ha sostenido el también portavoz de Adelante Andalucía, quien ha recordado la prohibición expresa de la normativa autonómica para que «alguien que está en un alto cargo y que toma determinadas decisiones después no pueda ser contratado por esas mismas empresas por las que ha tomado decisiones», un planteamiento legal que ha considerado «de lógica» porque la finalidad es «no ser comprado, evitar ser comprado como político».
«Hemos descubierto hasta dos expedientes en los que claramente él ha intervenido siendo alto cargo, que ha sido alto cargo como director gerente del SAS, como viceconsejero, en los que ha hecho contrataciones y después pasa la que le da dinero, lo contrata», ha señalado.
García ha explicado que la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción estudia «un caso por otros motivos» del citado ex alto cargo, que tiene que ver con «saltarse administrativamente todas las normas en las prórrogas en contratos de concesión de conciertos a determinadas empresas que empezaban en 2019», para precisar que «si bien ahí él no era todavía gerente del SAS, cuando esta empresa termina su contrato, empiezan a realizarse prórrogas hasta el año 2023 y ahí sí interviene él dándole las prórrogas».
Para argumentar que «después, entre el 2021 y 2023, se gestionan muchísimos contratos a dedo por la emergencia del Covid para derivar pacientes de la pública a la privada», antes de indicar que a «Asisa se le llega a dar en toda Andalucía hasta 48 millones» y que «es la segunda empresa más beneficiada por esta Consejería».
«No sólo le estamos pidiendo a la Oficina Anticorrupción que investigue estos casos con dos expedientes que además son públicos, dos expedientes que se ven en el portal de contratación de la Junta de Andalucía, sino que investigue todos los contratos que se han dado en la fase donde ha sido alto cargo este señor precisamente a esta empresa, a Asisa», ha remachado su argumentación.