La Comisión Europea ha advertido de que mantiene abierta la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción contra España si durante la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas el pasado 18 de enero, se demuestra que hubo vulneraciones del Derecho de la Unión Europea.
La respuesta comunitaria se produce tras una iniciativa parlamentaria presentada por el eurodiputado del Partido Popular Borja Giménez Larraz, quien pidió explicaciones sobre la preservación de las pruebas y sobre la retirada de determinados elementos de la infraestructura ferroviaria antes de que los investigadores concluyeran las actuaciones de inspección.
En su escrito, la Comisión recuerda que la legislación europea obliga a los Estados miembros a garantizar investigaciones independientes, imparciales y rápidas cuando se produce un accidente ferroviario de gravedad. Asimismo, insiste en que los organismos investigadores deben permanecer al margen de cualquier interés que pueda comprometer su objetividad.
Bruselas cita expresamente la Directiva (UE) 2016/798, que regula la seguridad ferroviaria en la Unión Europea y establece derechos específicos para los investigadores, entre ellos el acceso a toda la información necesaria para esclarecer las causas de un siniestro, además de fijar los mecanismos de cooperación entre las distintas administraciones implicadas.
La institución europea precisa que, hasta el momento, no dispone de pruebas aportadas por el organismo español de investigación que permitan concluir que la investigación carece de independencia o que la legislación española incumpla las garantías exigidas por la normativa comunitaria. Sin embargo, tampoco entra a valorar la compatibilidad con el Derecho europeo de la retirada de posibles pruebas antes de que se completara el inventario de los investigadores.
La Comisión recuerda igualmente que corresponde a las autoridades judiciales y administrativas españolas garantizar el correcto desarrollo de la investigación. No obstante, recalca que conserva sus competencias como garante del cumplimiento de los Tratados y que podrá iniciar un procedimiento de infracción si aparecen evidencias sólidas de un incumplimiento de la legislación europea.
Tras la respuesta de Bruselas, Borja Giménez Larraz afirmó que la Comisión «deja abierta la puerta» a intervenir si se demuestra que durante la investigación no se respetaron las garantías previstas por el Derecho de la Unión. El eurodiputado defendió que resulta imprescindible aclarar las decisiones adoptadas en las horas posteriores al accidente y verificar que todas las actuaciones se ajustaron a las exigencias de independencia y preservación de pruebas previstas en la normativa comunitaria.