El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes 15 de junio la convocatoria de 575 plazas para el acceso a las carreras Judicial y Fiscal, dentro de una macroconvocatoria que el ministro Félix Bolaños eleva a 700 plazas y califica como «la mayor de la historia». Según ha detallado el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en su perfil de X, la oferta se completa con 125 plazas de magistrados por el cuarto turno para juristas con más de diez años de ejercicio profesional.
La resolución publicada por el BOE recoge 375 plazas para alumnos y alumnas de la Escuela Judicial, destinadas al posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de juez, y 200 plazas para el Centro de Estudios Jurídicos, de cara al ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de abogado fiscal. Además, 29 plazas se reservan para personas con discapacidad igual o superior al 33%.
Las solicitudes deberán presentarse en un plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la publicación oficial. La inscripción será electrónica y se realizará a través del Punto de Acceso General de la Administración, junto con el pago de la tasa de examen, que asciende a 31,10 euros.
El proceso selectivo mantiene el modelo tradicional de acceso a la judicatura y la fiscalía: oposición libre y curso selectivo posterior. La oposición constará de tres ejercicios teóricos eliminatorios, con un primer examen tipo test de cien preguntas y dos ejercicios orales ante tribunal.
Bolaños ha presentado esta convocatoria como parte de «la mayor transformación de la Justicia en décadas». El anuncio, sin embargo, llegó precedido de un mensaje publicado el domingo en X en el que el ministro emplazaba a seguir el BOE con una fórmula más propia del lenguaje de redes que de la comunicación institucional: «Mañana muy atentos al BOE».
La ampliación de plazas llega en un momento en el que la falta de personal, los retrasos judiciales y la modernización de la Administración de Justicia forman parte del debate público en Andalucía y en el conjunto del Estado. Para la comunidad andaluza, el refuerzo de jueces y fiscales resulta especialmente relevante por el volumen de asuntos pendientes y la presión que soportan numerosos órganos judiciales.