La polémica surgida tras la suspensión del homenaje institucional a Juan Carlos Aragón en Cádiz sigue dejando reacciones públicas. La última ha llegado este lunes de la mano de Luisa Tejonero, viuda del histórico autor carnavalesco y presidenta de la Fundación Juan Carlos Aragón, quien ha pedido públicamente protección para el hijo menor de ambos tras la repercusión mediática del caso.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Tejonero aseguró que durante las últimas horas «se han dicho muchas cosas, algunas inciertas» y quiso dejar clara su postura frente a cualquier forma de violencia. «Estoy en contra de la violencia incluso del bullying», escribió.

La presidenta de la Fundación puso el foco especialmente en la situación de su hijo, de siete años, después de que trascendiera públicamente la condena firme por maltrato contra Juan Carlos Aragón y se suspendiera el acto de homenaje previsto en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz.

«Hoy mi hijo tiene 7 años y va al colegio. Él lamentablemente se ha enterado de todo», expresó Tejonero, que cuestionó públicamente el impacto que toda esta situación puede tener sobre el menor. «¿Se lo merece Silvio? ¿No hay que proteger a un menor?», añadió en su publicación.

Las palabras de la viuda del autor llegan apenas un día después del comunicado oficial emitido por la Fundación Juan Carlos Aragón, en el que se anunciaba el aplazamiento temporal del acto institucional previsto para este domingo. En dicho comunicado, la entidad explicaba que había recibido documentación relacionada con el homenaje con menos de 24 horas de antelación y que su equipo jurídico se encontraba analizando toda la información disponible antes de adoptar una decisión definitiva.

La Fundación defendió además «el legado cultural, humano y artístico» del autor gaditano, al tiempo que apeló al «rigor, transparencia y respeto hacia todas las partes implicadas». El comunicado estaba firmado por la propia Luisa Tejonero.

La controversia se desencadenó después de que trascendiera que la expareja de Juan Carlos Aragón había remitido al Ayuntamiento de Cádiz documentación judicial vinculada a una sentencia de 2010 que condenó al autor por maltrato físico y emocional, amenazas y vejaciones en el ámbito familiar. Desde entonces, el debate ha saltado del ámbito carnavalero al político y social, con numerosas reacciones sobre el papel de las instituciones ante este tipo de reconocimientos públicos.