La Asociación de Propietarios de la Playa de Matalascañas ha denunciado públicamente la intención del Ayuntamiento de Almonte de implantar la zona azul en todo el núcleo urbano entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre, una medida que consideran «arbitraria» y, sobre todo, «ilegal».
Según expone la asociación, el proyecto supondría un cambio radical en el uso del espacio público en Matalascañas, tradicionalmente abierto y accesible, y se estaría impulsando sin diálogo previo, sin transparencia y sin participación ciudadana. A su juicio, se trata de una medida con carácter recaudatorio que perjudica tanto a propietarios como a residentes y visitantes.
No obstante, el principal argumento de la denuncia se centra en la supuesta falta de cobertura legal. La asociación asegura que, a día de hoy, no existe una ordenanza municipal reguladora aprobada definitivamente ni una ordenanza fiscal en vigor que permita exigir tasas por estacionamiento, lo que convertiría cualquier implantación en un acto «nulo de pleno derecho».
En este sentido, recuerdan que ninguna administración puede cobrar tasas sin la correspondiente ordenanza previa, ni regular el estacionamiento limitado sin una normativa específica que establezca condiciones, derechos, obligaciones y régimen sancionador. Además, subrayan que estos procedimientos deben incluir fases de información pública, alegaciones y aprobación definitiva.
La asociación también advierte de que la puesta en marcha de la zona azul en estas condiciones podría acarrear responsabilidades administrativas, patrimoniales e incluso penales para los implicados, incluyendo cargos políticos, funcionarios o la empresa concesionaria que participe en la gestión del servicio.
Ante esta situación, el colectivo ya trabaja con sus servicios jurídicos para emprender acciones legales, como la impugnación de los actos administrativos que se adopten y la solicitud de medidas cautelares. Asimismo, insta al Ayuntamiento de Almonte a paralizar la iniciativa y abrir un proceso «transparente, legal y participativo» para abordar cualquier regulación del estacionamiento en la zona.
Por último, la Asociación de Propietarios recomienda a los ciudadanos actuar con prudencia ante posibles sanciones derivadas de este sistema, siguiendo los cauces legales de alegación y recurso, mientras insiste en que defenderá sus derechos «hasta las últimas instancias judiciales».