La familia de Manuel José García Caparrós ha vuelto a situar su caso en el centro del debate público tras recibir una carta del Ministerio del Interior en la que se les comunica la denegación de la consideración como víctima del terrorismo. El joven malagueño, de 18 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación por la autonomía andaluza.
En rueda de prensa, sus hermanas —Loli, Paqui y Puri— junto al portavoz de la asociación que lleva su nombre, Joaquín Recio, han asegurado que el Estado debe asumir su “responsabilidad histórica” en este asesinato. Tras el revés administrativo, confían ahora en que el Consejo de Ministros impulse una modificación de la ley de víctimas del terrorismo que permita reconocer oficialmente su caso.
La familia ha expresado su malestar por la comunicación recibida, a la que han calificado como especialmente dura, y han subrayado que Manuel José García Caparrós es hijo predilecto de Málaga, de la provincia y de Andalucía. En su intervención han insistido en que su muerte no fue un hecho aislado, sino que se produjo en un contexto de tensión política durante la Transición, y han denunciado la desaparición de pruebas y la falta de justicia en el proceso judicial.
Para la familia y la asociación, el caso representa una vulneración de derechos humanos y un ejemplo de lo que consideran terrorismo de Estado. Sostienen que existe un “manto de impunidad” que se ha prolongado durante décadas y que la actual legislación deja a García Caparrós “en el limbo de la burocracia”, sin encaje en las normas vigentes.
Ante esta situación, han reclamado al Congreso de los Diputados y al Gobierno central que modifiquen la ley si esta no contempla su caso. Según han señalado, el debate político abierto en Andalucía sobre su figura es necesario para arrojar luz sobre una etapa de la Transición que califican de oscura y para garantizar dignidad y memoria a las víctimas.
En el turno de preguntas, la familia ha pedido apoyo explícito a la Junta de Andalucía y a los partidos políticos para impulsar la reforma legal. A las puertas del Día de Andalucía, han reiterado que para ellas la fecha simbólica seguirá siendo el 4 de diciembre, jornada en la que murió su hermano y que consideran inseparable de la memoria colectiva andaluza.