El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado a declarar como testigo, el próximo 20 de enero de 2026, a la actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en el marco de las diligencias que investigan la contratación de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la etapa posterior a la pandemia de Covid-19, una vez que el Estado había derogado la normativa excepcional que permitía ese tipo de procedimientos.
Así consta en una providencia emitida el 26 de noviembre, consultada por Europa Press, en la que el juez atiende la petición planteada por la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado la comparecencia de García en calidad de testigo.
También está citado el exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa
En el mismo escrito, Anticorrupción reclamó igualmente la declaración como testigo de Roberto Ochoa, viceconsejero de Hacienda y Financiación Europea entre septiembre de 2020 y agosto de 2022. El juez instructor lo ha citado también para el 20 de enero, por lo que ambos responsables comparecerán en sede judicial en la misma jornada.
La citación de García se fundamenta en su papel como viceconsejera de Salud durante la etapa en la que Jesús Aguirre dirigía la Consejería, antes de asumir ella misma el liderazgo del departamento tras la marcha de Aguirre a la Presidencia del Parlamento de Andalucía.
Las diligencias buscan aclarar el origen de la decisión del Consejo de Gobierno de 2020
Las declaraciones de ambos se enmarcan en las diligencias previas 2476/2024, que avanzan hacia un nuevo paso procesal tras las dos jornadas de testificales celebradas los días 18 y 25 de noviembre. El objetivo es profundizar en la formación del Acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, mediante el cual los contratos de emergencia del SAS pasaron de estar sometidos a fiscalización previa de la Intervención General de la Junta a un sistema de control financiero permanente, es decir, un mecanismo de supervisión a posteriori del gasto.
Durante la última sesión de testigos compareció la actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Amelia Martínez, citada en calidad de anterior responsable de la Intervención General de la Junta. Según fuentes presentes, Martínez declaró que la inclusión de los contratos del SAS en ese régimen de control no contó con una propuesta formal del entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, ni con un informe previo de la propia Intervención.
Un acuerdo gestado en el llamado “Consejillo”
Martínez explicó que la decisión de trasladar los contratos del SAS al control financiero permanente fue resultado de un diálogo en la Comisión General de Viceconsejeros, conocida coloquialmente como el Consejillo, órgano que prepara los contenidos que luego aprueba el Consejo de Gobierno. En esas conversaciones participaron la entonces viceconsejera de Salud, Catalina García, y el viceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa.
La Fiscalía Anticorrupción pretende ahora conocer en primera persona la versión de ambos sobre esa decisión, así como clarificar cómo se justificó la inclusión de los contratos del SAS como gastos de emergencia derivados del Covid-19 cuando la normativa estatal excepcional ya había sido derogada.