La investigación judicial sobre el presunto cobro de comisiones en la Diputación de Almería apunta de forma directa al expresidente provincial Javier Aureliano García y al exvicepresidente segundo Fernando Giménez, a quienes el juez atribuye “conocimiento y participación” en un entramado que habría operado durante años a través de contrataciones públicas manipuladas.
Así se detalla en el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería que ordenó los registros en la Diputación y en los domicilios y negocios vinculados a los investigados. El documento, de 66 páginas, sitúa en el centro de la causa el contrato de más de dos millones de euros para la compra de mascarillas y material sanitario, adjudicado en abril de 2020 al comienzo de la pandemia y que, según los investigadores, generó un sobrecoste de 945.327 euros.
Un lenguaje «encriptado» para hablar de contratos
El auto revela la existencia de un lenguaje en clave empleado supuestamente por García, Giménez y el exvicepresidente tercero Óscar Liria en conversaciones privadas y en el grupo de WhatsApp “Naranjito”. El juez Eduardo Martínez Gamero señala que los tres utilizaban términos odontológicos —«empastar muelas», «limpieza», «cita con el dentista», «cambiar la piñata»— para referirse a presuntas mordidas relacionadas con contratos públicos.
El instructor destaca que esta terminología aparece de forma “absurda y recurrente” en conversaciones cuyo contenido real se centraba en licitaciones de la Diputación, y aporta una decena de ejemplos desde 2017.
Un “indicio demoledor”: la muela enviada por WhatsApp
El auto subraya un mensaje concreto como prueba especialmente relevante: a las 20:53 del 8 de abril de 2020, tres minutos después de firmarse el contrato de mascarillas, García envió al grupo un emoticono de una muela. Para el juez, este gesto simboliza “la importancia del papel ejercido por Javier Aureliano en el entramado delictivo”.
La empresa adjudicataria, Azor Corporate Ibérica, pertenecía a Kilian López, detenido en la primera fase de la operación. Según la investigación, Giménez fue quien propuso adjudicar el contrato “sin publicidad” a esta firma, pese a que carecía de experiencia en material sanitario. Liria habría actuado como intermediario en el cobro de comisiones.
Nerviosismo y presión por cerrar el contrato
El auto refleja también la “inquietud” del entonces presidente y de Liria por la adjudicación. En los mensajes intervenidos, García pregunta insistentemente por el avance del expediente:
«¿Y lo nuestro qué? Estoy nerviosismo», escribe al diputado.
Para el juez, este interés “desmedido” refuerza la sospecha de que ambos buscaban consumar una operación lucrativa.
Uso de dinero en efectivo y sospechas de blanqueo
La resolución judicial apunta a un “llamativo” uso de dinero en efectivo por parte de García. El informe policial detecta:
- Abonos en cajeros para pagar cuotas hipotecarias.
- El pago en metálico de 20.000 euros por una parcela en Rodalquilar.
- La compra de una vivienda familiar sin movimientos bancarios que justifiquen el pago del 75% restante.
El juez considera que existen indicios de blanqueo de capitales y señala la participación de la hermana de García, titular de una de las cuentas implicadas. La investigación cree que la familia pudo instrumentalizar la comunidad de bienes García Molina para canalizar dinero de origen presuntamente ilícito.
Sociedades instrumentales y contratos dirigidos
El auto describe además el uso de empresas pantalla como Pulconal y OYC Servicios Urbanos, controladas por cargos y allegados del PP de Almería, para recibir contratos públicos:
- Pulconal obtuvo 16 contratos, presuntamente gracias a la mediación de Óscar Liria, que adquirió participación en la empresa solo cuatro meses después de ser nombrado vicepresidente.
- OYC Servicios Urbanos recibió 17 contratos de la Diputación y del Ayuntamiento de Fines, por un importe de 1.126.573,97 euros. Según el auto, estaba controlada por personas interpuestas por el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, y su hijo.
El juez aprecia una “actividad ficticia y simulada” dirigida a obtener adjudicaciones aprovechando el cargo público de algunos de los investigados.
Una trama presuntamente activa desde 2016
El instructor concluye que la adjudicación del contrato de mascarillas no fue “un hecho aislado”, sino una oportunidad más dentro de un sistema ilícito que podría estar operativo desde al menos 2016 en el seno de la Diputación.
La investigación —que continúa abierta— acumula indicios por delitos de:
- Cohecho
- Malversación
- Blanqueo de capitales
- Tráfico de influencias
- Corrupción en la contratación pública
La causa se mantiene bajo secreto en algunas de sus piezas, mientras continúan los análisis económicos y de comunicaciones entre los implicados.