Las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO y la Junta de Andalucía alcanzaron este jueves un preacuerdo para la mejora del empleo público y de los servicios que presta la Administración autonómica, en el marco de la Ley de Función Pública de Andalucía. El documento será ratificado este viernes en la Mesa General de Negociación Común.
El preacuerdo afecta a más de 65.000 trabajadores del sector público andaluz, entre personal funcionario, laboral, de Justicia y empleados del sector instrumental. Según los sindicatos, el avance ha sido posible «gracias a la presión sindical» ejercida en las últimas semanas ante la «paralización» de las negociaciones y la falta de un informe económico favorable sobre las cuantías tratadas durante meses.
Un acuerdo que las partes califican de «histórico»
El consejero de Justicia, Función Local y Administración Local, José Antonio Nieto, destacó en Cádiz la «negociación discreta y leal» mantenida entre las partes y calificó el acuerdo como «histórico» por su importancia para la modernización de la Administración.
Para los sindicatos, el preacuerdo representa una recuperación del «diálogo y la senda negociadora» y garantiza la continuidad de los compromisos adquiridos en materia salarial y de condiciones laborales.
Las organizaciones subrayan que el acuerdo es fruto de una postura «responsable pero firme», en la que reclamaron a la Junta mantener los compromisos esenciales alcanzados previamente «sin aceptar desviaciones del marco pactado».
Modernización administrativa y mejores condiciones laborales
El documento plantea una transformación de la Administración autonómica, centrada en la simplificación de procedimientos, la digitalización de servicios y la mejora del empleo público como base para garantizar una atención de calidad a la ciudadanía.
Entre las medidas más relevantes destacan:
• Modelo basado en mérito y evaluación
Se impulsa un sistema de gestión del personal basado en el mérito, la evaluación del desempeño, la formación continua y la estabilidad, junto a mejoras en las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos afectados.
• Promoción profesional planificada
El preacuerdo contempla la reorganización estratégica de determinados puestos mediante una gestión planificada de vacantes. El objetivo es anticiparse a las necesidades reales de la Administración, optimizar los recursos humanos y corregir desequilibrios funcionales y territoriales.
• Refuerzo de plantillas y freno a la externalización
La adecuación de los recursos humanos a los centros de trabajo buscará mantener las plantillas actuales y evitar la externalización de funciones propias. En prevención de riesgos laborales, la Junta avanzará hacia un modelo integral, salvo en el SAS, que mantiene su servicio propio.
• Transparencia en puestos de responsabilidad
Se desarrollará la normativa necesaria para regular la cobertura de puestos de responsabilidad, estableciendo criterios claros y objetivos en la selección y evaluación, y potenciando los concursos específicos frente a la libre designación.
• Estructuras más ágiles y eficientes
El acuerdo prevé una reconfiguración organizativa para contar con estructuras «ágiles y eficientes», basadas en modelos multidisciplinares, gestión por proyectos, eliminación de duplicidades y consolidación de servicios comunes.
Compromisos temporales y recuperación de derechos
El preacuerdo fija también varios hitos:
- Finalizar antes del 31 de diciembre de 2025 la negociación del VII Convenio Colectivo del personal laboral.
- Impulsar la formación continua como eje de modernización, con especial atención a administración electrónica, TIC y análisis de datos.
- Iniciar en 2026 la recuperación de las ayudas de acción social, suspendidas desde 2012, que incluían ayudas para conciliación, cuidados de menores y mayores dependientes, o prestaciones sociosanitarias.