La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con sede en Granada, ha acordado abrir diligencias de investigación tras recibir diversas denuncias por posibles deficiencias en la prestación sanitaria del sistema público andaluz en relación con los cribados de cáncer de mama. Según ha informado el Ministerio Público en una nota, las denuncias apuntan a un posible defectuoso funcionamiento o aplicación del proceso asistencial integrado para la detección precoz de esta enfermedad.
El decreto emitido este jueves ordena la remisión de las denuncias a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que deberá informar sobre los hechos, las medidas adoptadas para reparar los daños sufridos por las víctimas y las acciones de prevención para evitar que se repitan situaciones similares.
Denuncias de varias organizaciones y partidos
Las denuncias han sido presentadas por la Asociación El Defensor del Paciente, que ha ido ampliando su escrito con casos particulares de mujeres afectadas, así como por los grupos políticos Adelante Andalucía e Izquierda Unida–Convocatoria por Andalucía.
El Defensor del Paciente acusa al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de una «dejación de funciones» que habría puesto «en grave riesgo» la salud de las mujeres afectadas. En su escrito, la entidad subraya que «cuando se pone en marcha un programa de detección o prevención hay que cumplirlo sin excusas ni retrasos», advirtiendo de que el incumplimiento «sólo cuesta sufrimiento y dinero a la sanidad pública».
Desde la Consejería de Salud se ha reiterado el llamamiento a las mujeres que pudieran encontrarse en esta situación a ponerse en contacto con el SAS para entrar en un circuito preferente de revisión de sus historiales médicos.
IU y Adelante señalan posibles delitos
Izquierda Unida formalizó su denuncia el pasado 6 de octubre, en la que denuncia “errores graves” en el programa de cribado de cáncer de mama del sistema público andaluz. En el documento, la formación considera “implicados” a los tres últimos titulares de la Consejería de Salud —la actual consejera Rocío Hernández, su antecesora Catalina García y el expresidente del Parlamento andaluz Jesús Aguirre—, y apunta a la posible comisión de varios delitos, entre ellos homicidio imprudente, lesiones imprudentes y omisión del deber de prestar servicios sanitarios.
La denuncia sostiene que “un fallo sistémico en la gestión sanitaria” habría impedido realizar el seguimiento adecuado de los casos catalogados como «no concluyentes» o «dudosos», lo que habría provocado el agravamiento de patologías e incluso el fallecimiento de pacientes. Asociaciones como Amama, de mujeres con cáncer de mama, también han advertido que la falta de diagnóstico precoz ha derivado en una evolución más grave de la enfermedad en varios casos.
En su argumentación, IU recalca que la detección temprana es esencial para mejorar la supervivencia y eficacia de los tratamientos, y que cualquier omisión o retraso en la revisión de resultados «no concluyentes» constituye una falta de diligencia en la gestión pública.
De confirmarse fallecimientos o agravamientos por ausencia de seguimiento, la denuncia sostiene que podría tratarse de un homicidio imprudente por omisión, conforme al artículo 142 del Código Penal, o de un delito de lesiones imprudentes en comisión por omisión, al haberse expuesto a las mujeres afectadas a un «riesgo grave para su salud».
Por su parte, Adelante Andalucía reclama que se investiguen los hechos como posibles delitos de lesiones y homicidios por imprudencia grave, además de dejación de funciones y omisión del deber de prestar servicios sanitarios, conforme a los artículos 152, 142, 409 y 196 del Código Penal. Su denuncia se dirige contra la actual consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández; la exconsejera Catalina García; la viceconsejera María Luisa del Moral y la gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García.