Los principales indicadores de la violencia de género experimentaron en el primer trimestre de 2023 un nuevo incremento respecto del mismo trimestre de 2022 en Andalucía. El número de mujeres víctimas de la violencia machista entre enero y marzo de 2023 fue de 9.308, un 4,9 % más que hace un año mientras que el número de denuncias ascendió hasta las 9.539, un 4,3 % más que en el mismo trimestre de 2022.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho públicos este miércoles los datos trimestrales, que muestran que los órganos judiciales andaluces acordaron 1.758 órdenes de protección, lo que supone un 3,4 % menos que el año anterior. El número total de sentencias dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Andalucía ascendió a 1.351, de las que el 89,2%, es decir, casi nueve de cada diez, fueron condenatorias.
Régimen de visitas de menores
El número de medidas civiles consistentes en la suspensión del régimen de visitas, que los juzgados de violencia sobre la mujer dictan para proteger a los hijos e hijas de las víctimas, mantuvieron la tendencia al alza mostrada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Así, durante el primer trimestre de 2023, se adoptaron 184 medidas de este tipo, un 14,2 % más que hace un año.
Durante el primer trimestre de 2023, los juzgados españoles recibieron un total de 9.539 denuncias, un 4,3 % más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 9.149. Las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 9.308, un 4,9 % más que hace un año, cuando se contabilizaron 8.875. El 75 % de las víctimas tenía nacionalidad española. El número de víctimas menores ascendió a 24, ninguna de ellas de nacionalidad extranjera.
Víctimas de violencia de género por comunidades
La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 18,4 en toda España, 1,7 puntos más alta que en el primer trimestre de 2022. Por encima de la media nacional se situaron Murcia, con una ratio de 26,4; Baleares, con 26; Comunidad Valenciana, con 25,6; Canarias, con 22,8; Navarra, con 21,1; Andalucía, con 21; Cantabria, con 19,2 y Madrid, con 18,4. Las tasas por debajo de la media nacional se contabilizaron en Galicia, con 12,4; País Vasco, con 13,1; Castilla y León, con 13,3; Cataluña, con 13,8; La Rioja, con 14,2; Castilla-La Mancha, con 14,3; Asturias, con 11; Aragón, con 16,4 y Extremadura, con 17,4.
En tres de cada cuatro casos (7.177, el 75,2 %), las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría. Una cifra que nuevamente sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (67), que apenas alcanzaron el 1 % del total. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 12,2 %; las originadas por partes de lesiones, el 7,68 % y las presentadas por terceras personas, el 4,16 por ciento.
El 5,9 % de las víctimas renunció a declarar contra su agresor
El porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar aumentó respecto al año anterior. En el trimestre analizado, renunciaron a declarar contra su agresor 548 mujeres víctimas, el 5,9 % del total. De ellas, 387 eran españolas y 161 tenían otras nacionalidades.
Entre enero y marzo de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 2.250 órdenes de protección, un 2,3 % menos que hace un año. De ellas, 1.985 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 265 por los juzgados en funciones de guardia.
Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 1.758, un 3,4 % menos que hace un año. Es decir, en el trimestre analizado se acordaron casi ocho de cada diez (78,1 %) órdenes de protección solicitadas. Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 1.535, el 77,3 % de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 223, el 84,1 por ciento de las solicitudes registradas.
Medidas judiciales penales y civiles de protección
Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 3.571 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (1.397), que representaron el 39,1 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (1.367), un 38,28 por ciento del total.
Asimismo, los órganos judiciales dictaron 1.092 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (359), que representaron el 32,87 % del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (283), el 25,9 % del total.
Durante el primer trimestre de este año, también se acordaron 184 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas. Este tipo de medidas, que representaron el 16,84 % del total de las medidas civiles adoptadas, aumentaron un 14,2 % respecto al mismo trimestre de 2022, cuando la reforma del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -que establece la suspensión del régimen de visitas “cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido” con la violencia de género- llevaba ya en vigor más de medio año.