Adelante Andalucía ha anunciado este jueves su intención de impulsar en la próxima legislatura una ley andaluza contra la corrupción que incluiría sanciones tanto para responsables políticos como para empresas condenadas por prácticas corruptas vinculadas a contratos públicos.

La propuesta ha sido presentada en Granada por el candidato de la formación andalucista a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, junto a la candidata por Granada, Inma Manzano.

«La ley más dura contra la corrupción»

García ha asegurado que Adelante Andalucía quiere promover «la ley más dura contra los corruptos y corruptores de toda España».

Entre las medidas planteadas figura que los partidos políticos respondan patrimonialmente por las actuaciones corruptas de altos cargos nombrados por sus propias formaciones.

Además, la formación pone el foco en las empresas implicadas en casos de corrupción relacionados con contratos públicos.

Empresas vetadas para contratar con la Administración

Según ha explicado el candidato andalucista, aquellas empresas condenadas judicialmente por haber pagado mordidas o cometido prácticas ilegales para obtener contratos públicos quedarían excluidas de futuras contrataciones con la Administración pública.

«Si se han pagado mordidas o se ha llevado a cabo cualquier práctica ilegal para conseguir un contrato público y eso se demuestra y acaba en condena, esa empresa no puede volver a contratar nunca más con la Administración pública», ha defendido García.

El dirigente ha considerado que se trata de una medida «de sentido común» y ha confiado en que pueda existir consenso político sobre esta propuesta.

Críticas a casos vinculados al PP andaluz

Durante el acto, García también ha hecho referencia a distintos casos relacionados con la gestión del Gobierno andaluz del PP.

Entre ellos ha mencionado los contratos sanitarios vinculados a mascarillas en Almería, el supuesto troceo de contratos en el Servicio Andaluz de Salud y actuaciones relacionadas con el Estadio de La Cartuja.

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo andaluz de desviar fondos destinados a escuelas infantiles hacia actuaciones vinculadas al estadio sevillano y ha señalado que existen «dos altos cargos de la Junta imputados por llevarse mordidas que venían de las escuelas infantiles».