UGT Andalucía, en colaboración con CCOO, FACUA, la Red Vecinal Andaluza, la Plataforma de Barrios Vulnerables y 15M Stop Desahucios, ha impulsado el registro de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento de Andalucía para reforzar el derecho a la vivienda y dar respuesta a la situación actual del mercado inmobiliario.
La secretaria de Organización de UGT Andalucía, María del Mar Serrano, y la secretaria de Políticas Sociales, Maribel Román, han participado en la presentación de esta propuesta, que surge en un contexto definido por las organizaciones como de “emergencia habitacional”, caracterizado por el aumento continuado de los precios de compra y alquiler, el crecimiento de las viviendas de uso turístico y la escasez de vivienda pública.
Durante su intervención, Maribel Román ha defendido la necesidad de “equilibrar la situación actual del mercado de la vivienda” y ha subrayado que, aunque se trata de un bien patrimonial, es necesario “dar un giro de 180 grados” para situarlo como un elemento esencial en los proyectos de vida de la ciudadanía.
Román ha advertido de que muchas familias destinan más del 30% e incluso del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que compromete su estabilidad económica. Por ello, la ILP fija como objetivo prioritario garantizar que el coste de la vivienda no supere el 30% de los ingresos familiares, apostando por una intervención pública integral que permita ampliar el parque de vivienda accesible.
En este sentido, la iniciativa plantea actuar sobre los factores que tensionan el mercado, incluyendo la limitación de las viviendas turísticas, la movilización de viviendas vacías y la creación de instrumentos financieros como el Fondo Andaluz de Garantía Habitacional, concebido para dotar de estabilidad a las políticas públicas en este ámbito.
La propuesta supone un cambio de enfoque en las políticas de vivienda al considerar este derecho como un servicio de interés general y no como un bien de mercado. Entre sus medidas destaca el refuerzo de la función social de la propiedad, priorizando el interés general frente a dinámicas especulativas, así como la posibilidad de declarar zonas tensionadas para intervenir en los precios.
Además, contempla el impulso del parque público de vivienda, el aumento de la reserva de suelo para vivienda protegida y mecanismos para incorporar viviendas vacías al mercado con fines sociales. También incluye la regulación del uso turístico de la vivienda para evitar la expulsión de residentes de sus barrios y medidas de protección frente a los desahucios, garantizando alternativas habitacionales.
Las organizaciones promotoras han señalado que esta ILP busca ofrecer una respuesta estructural a la crisis habitacional en Andalucía, reforzando el papel de las administraciones públicas y consolidando el acceso a la vivienda como un derecho efectivo.