La secretaria general del PSOE andaluz y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha reclamado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que no retrase hasta junio el pago de las ayudas por los daños provocados por el tren de borrascas que ha afectado a la comunidad en las últimas semanas. «Que se pongan en marcha y se paguen desde ya», ha exigido, criticando que «hay algunos que son muy rápidos posando y muy lentos gestionando».
Montero ha realizado estas declaraciones en Jaén capital, durante un acto en defensa de los servicios públicos organizado con motivo del 28 de febrero. En su intervención, ha defendido que «cuando la solidaridad se siente» y se actúa «con corazón», no es necesario «chupar cámara», en alusión a la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo autonómico.
La vicepresidenta ha destacado que el Gobierno de España ha movilizado 7.000 millones de euros para la recuperación de Andalucía y Extremadura tras los temporales, una cantidad que ha definido como «gotas de solidaridad» posibles gracias al sistema de aportación según la capacidad de cada uno y reparto según las necesidades. Dentro de ese paquete global, ha subrayado los 2.000 millones destinados a los ayuntamientos para reconstruir infraestructuras como polideportivos, calles y caminos rurales y facilitar el regreso a la normalidad.
En contraste, Montero ha señalado que la Junta «apenas ha puesto en marcha un paquete de ayudas de un volumen económico que no tiene nada que ver» con el esfuerzo del Gobierno central. Por ello, ha insistido en que las ayudas autonómicas no deben esperar hasta junio y ha garantizado que el Ejecutivo central «va a correr a agilizar el pago» de sus medidas para ayudar a superar «estos días tan malos» derivados de las inclemencias meteorológicas.
La también ministra de Hacienda se ha mostrado «especialmente orgullosa» de la reducción de 35 a cinco del número de peonadas necesarias para acceder a determinadas prestaciones por desempleo en el campo. A su juicio, esta medida supone «la vida para los hombres y mujeres del campo», ya que evita que la pérdida de jornales derivada de los temporales genere «angustia y desesperanza» entre quienes dependen de estas ayudas. «Este es el valor de lo público», ha concluido.