Javier Aureliano García Molina ha presentado este viernes su renuncia oficial como presidente de la Diputación de Almería, un día después de que el Juzgado de Instrucción número 1 acordara su libertad con medidas cautelares en el marco de la segunda fase del caso Mascarillas. Esta causa investiga el presunto cobro de comisiones ilegales mediante contratos irregulares adjudicados desde la institución provincial.
La renuncia se produce después de que García prestara declaración judicial y trascienda su detención el pasado martes, hecho que llevó al Partido Popular a suspenderlo cautelarmente de militancia, tanto a él como a los otros dos cargos públicos implicados: el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.
Una dimisión “voluntaria”, según la Diputación
En un comunicado oficial, la Diputación ha señalado que García ha formalizado su renuncia como presidente tras entregar también su acta de concejal en el Ayuntamiento de Almería y su acta de diputado provincial. La institución describe la decisión como «voluntaria» y tomada «desde el convencimiento de su inocencia», con el objetivo de facilitar «la vuelta a la normalidad de la actividad institucional».
El comunicado añade que el ya expresidente enfocará esta nueva etapa en su defensa personal y en «demostrar su inocencia», alejándose temporalmente de la vida pública.
Renuncia también del vicepresidente Fernando Giménez
El vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, también ha presentado su renuncia oficial como diputado provincial. Según la Diputación, deja atrás responsabilidades que han sido «clave en los últimos años», especialmente en la proyección turística de la provincia y en la recuperación de proyectos relacionados con el patrimonio cultural almeriense.
Un caso que suma renuncias y continúa en investigación
Los tres políticos detenidos quedaron en libertad con medidas cautelares este jueves tras prestar declaración ante el juez. Entre esas medidas se incluyen comparecencias periódicas, retirada de pasaporte y prohibición de abandonar el territorio nacional.
El caso Mascarillas, que tiene su origen en un contrato de más de dos millones de euros durante la primera etapa de la pandemia, sigue bajo investigación por presuntos delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.