La Mesa del Congreso ha aprobado este martes nuevas normas de acceso al Archivo de la Cámara que permitirán a la familia de Manuel José García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977 en Málaga durante una manifestación por la autonomía andaluza, acercarse a la identidad de los responsables de su muerte.

Las hermanas del joven confían en que esta decisión suponga un paso definitivo en una lucha que llevan casi medio siglo librando. Loli García Caparrós ha manifestado que espera que «sea la definitiva, que salga todo a la luz, se sepa toda la verdad y no escondan lo del 4 de diciembre». Asimismo, se ha mostrado confiada en conocer el nombre del autor del disparo: «Ahí tiene que estar todo».

Manuel José, trabajador de la fábrica de Cervezas Victoria y militante de CCOO, fue abatido con tan solo 18 años por una bala del calibre utilizado entonces por la Policía. Sus hermanas sostienen, a partir de datos extraoficiales, que «supuestamente era un cabo» destinado posteriormente a Vélez-Málaga, ya fallecido desde hace unos años. «Aunque no viva el autor, me da igual, el nombre se tiene que saber», señaló Loli, lamentando que «se destruyó una familia» con lo sucedido.

La medida de la Mesa del Congreso permitirá acceder a los documentos sin anonimizar de la Comisión de Encuesta de 1977. Según la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, se trata de «un día importante» tanto para los trabajadores como para la democracia. Por su parte, la vicepresidenta tercera del Congreso, Esther Gil de Reboleño (Sumar), calificó las nuevas instrucciones como «históricas», al considerar que rompen «décadas de silencio» y abren «un camino de verdad y justicia».

Estas normas actualizan las que estaban vigentes desde 1984, enmarcadas ahora en el I Plan de Parlamento Abierto, y alinean el funcionamiento del archivo del Congreso con el de otros órganos constitucionales. En concreto, se establece que los documentos con datos personales podrán ser consultados si no afectan a la seguridad o intimidad de las personas implicadas, siempre que estas hayan fallecido o se acredite un interés legítimo.