La Junta de Andalucía recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, y que establece el reparto territorial de los 4400 niños migrantes que están hacinados en Canarias esperando una solución.
Según las primeras estimaciones, a Andalucía llegarían 796 niños migrantes que están solos y pasarían a la tutela de la administración, la segunda comunidad por detrás de Madrid a donde podrían ir 806 menores. Una de las claves de estas disputas es que a Cataluña sólo se trasladarían 26 niños, en lo que el resto de autonomías considera un agravio y fruto del pacto del PSOE con Junts, que se niega a acoger a estos niños. «Andalucía es una tierra solidaria y de acogida, pero no podemos hacernos cargo de los menores a capricho del Gobierno y sin los medios necesarios para atenderlos. Tenemos falta de recursos e invasión de competencias», afirma la consejera Carolina España.
Según los datos que se han hecho públicos, el reparto sería el siguiente: Madrid: 806; Andalucía: 796; Comunidad Valenciana: 477; Galicia: 326; Castilla y León: 309; Castilla-La Mancha: 291; Murcia: 190; Aragón: 186; Cantabria: 170; Extremadura: 169; Navarra: 164; La Rioja: 154; Asturias: 151; País Vasco: 87; Baleares: 58; Melilla: 34; Cataluña: 26