La Junta de Andalucía está buscando una fórmula para que las grandes fortunas elijan si tributar a Andalucía o al Estado. Así lo ha comunicado Carolina España, consejera de Economía, después de que este jueves el Tribunal Constitucional tumbase el recurso de la Junta contra el impuesto a las grande fortunas.
España ha explicado este viernes que el Gobierno andaluz seguirá bonificando al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio para los contribuyentes con un patrimonio neto superior a los 700.000 euros, mientras que busca una fórmula para que los afectados por el tributo estatal, los poseedores de una riqueza neta superior a los tres millones, opten si tributan al Gobierno andaluz o la Administración del Estado.
En declaraciones a los medios de comunicación el día después del pronunciamiento del Constitucional sobre el recurso de la Junta, la consejera de Economía ha explicado que «quiero que quede claro que seguimos bonificando patrimonio para todos aquellos contribuyentes de más de 700.000 euros», para seguidamente argumentar que «sí tienen que pagar» los contribuyentes andaluces con «un patrimonio superior a 3,7 millones de euros, como consecuencia de ese impuesto a las grandes fortunas».
«Lo que estamos haciendo desde el Gobierno andaluz es estudiar las fórmulas técnicas para que con esa tributación el contribuyente pueda decidir si la realiza en Andalucía o la realiza al Gobierno», ha continuado explicando la consejera de Economía.
España ha justificado que el Gobierno andaluz interpusiera el recurso «porque entendíamos que era una invasión clara de competencias, de nuestra autonomía financiera», antes de reconocer que este jueves el Constitucional «le daba la razón al gobierno».
Las fortunas de más de 700.000 euros, 100% bonificadas
El Gobierno andaluz introdujo la bonificación al 100% del Impuesto sobre el Patrimonio, que recaía sobre los contribuyentes con una riqueza neta superior a los 700.000 euros, a través del Decreto-ley 7/2022, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el 22 de septiembre.
El Gobierno andaluz justificó el uso del Decreto-ley porque, en caso contrario, «conllevaría una demora de un año en su aplicación por los contribuyentes andaluces, es decir, hasta la declaración correspondiente al ejercicio 2023, a efectuar en 2024, siendo tal consecuencia indeseable y contraria al objetivo principal de la norma consistente en
paliar los efectos de una crisis ya existente».
El Estado introdujo a través de la Ley 38/2022 la creación del Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, que entró en vigor el 28 de diciembre.
El Gobierno andaluz previó en la prórroga del proyecto de Presupuesto para 2022 unos ingresos de 103 millones de euros por el Impuesto sobre el Patrimonio, último ejercicio antes de su bonificación al 100%.