Imagen de Moreno Bonilla defendiendo los presupuestos de Andalucía / EA
Imagen de Moreno Bonilla defendiendo los presupuestos de Andalucía / EA

La tramitación de la proposición de ley de regadíos de Doñana que PP y Vox encabezan en el Parlamento de Andalucía echará el freno hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del 28M. Hasta pasados los comicios no se harán más trámites de esta ley en la Cámara autonómica, a pesar de las advertencias de la Comisión Europea, que ya ha dicho que esta ley infringe el derecho comunitario y advierte de las sanciones que podría acarrear desde Bruselas.

Así las cosas, no habrá más movimientos del gobierno andaluz y su aliado respecto a la ley hasta que se cierren las urnas. Según fuentes populares, será después del 28 de mayo cuando se vean los efectos de Doñana en las urnas, insistiendo en que será rentable para el PP y castigará la posición del PSOE, que «habla desde Madrid», «desconociendo» la realidad de los agricultores andaluces. Por su parte, los socialistas piensan que «la imagen de Moreno sale muy dañada» y que su cálculo electoral en esta iniciativa sobre Doñana es «un error político».

Sin movimientos hasta después de las elecciones

Desde el PP advierten que «nadie retira nada» y que la norma podría aprobarse antes de que en julio la Cámara se vaya de vacaciones. Insisten en que la norma fue registrada de urgencia y «eso no cambia», pero que hasta después de las elecciones no habrá más movimientos dentro de la Comisión de Fomento. El siguiente paso, ya en junio, será fijar las fechas de comparecientes y dar paso a que agentes políticos, económicos y sociales pasen por el Parlamento a dar su parecer del texto.

El Partido Popular y Vox han pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como a diversos grupos ecologistas y nombres de la comunidad científica que acudan al Parlamento andaluz.

La Comisión Europea no cambia de parecer

La Comisión Europea emitía el pasado 25 de abril un comunicado en el que ponía freno a los «cambios o modificaciones» que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, declaró que estaba abierto a realizar en la proposición de ley sobre los regadíos de Doñana. Bruselas se lo ponía difícil al presidente del ejecutivo, ya que su respuesta dificultaba la reconducción del proyecto. Además, dejó claro que la iniciativa no gustaba, debido a su «impacto negativo» en el mayor humedal del Sur de Europa.

A pesar de ello, y tras la reunión entre la Junta de Andalucía y el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, el gobierno andaluz insistió en que Europa se había comprometido a «evaluar todas las explicaciones e informaciones recibidas», confiando en poder salvar la proposición de ley evitando duras multas. Moreno aseguró que tras esta reunión se podría «apaciguar la tensión», rechazando retirar la proyecto, como les exigió el Ministerio para la Transición Ecológica.

PP y Vox advirtieron de que seguirían adelante con el proyecto de Doñana, del que creen que será posible hacer los cambios que pida Bruselas. Hasta el momento, la Comisión ha dejado claro que la reforma va «en sentido contrario» a lo dicho por la justicia europea en la sentencia de 2021 y afea al Gobierno de España que las medidas que está adoptando «no son suficientes».

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