El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar Pérez, ha expresado su preocupación y rechazo ante los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, que, según denuncia, suponen un nuevo golpe para el sector agrario andaluz. En su comparecencia en el Parlamento andaluz, Cózar ha calificado de “despropósito” el hecho de que la agricultura y la ganadería vuelvan a quedar relegadas en las cuentas públicas, convirtiéndose —afirma— en “las grandes olvidadas” del Ejecutivo de Juanma Moreno.
La organización agraria ha criticado que el presupuesto destinado al sector primario para el próximo año sufra una reducción del 5,8%, pasando de 2.795 millones de euros en 2025 a 2.632 millones en 2026, lo que supone 163 millones de euros menos. Es la primera vez, desde que Moreno preside el Gobierno andaluz, que se contempla una disminución en esta partida, lo que, según UPA, agrava aún más la desigualdad con respecto a otros sectores, pese a la relevancia económica y social del campo andaluz.
«Es intolerable que el presupuesto global de la Junta de Andalucía se incremente un 5,6% mientras para nuestro sector agrario se reduzca su montante global en un 5,8%», denunció Jesús Cózar. «Esta disminución presupuestaria, en un contexto especialmente delicado para la agricultura y la ganadería, provoca una clara desventaja frente a otros sectores», añadió, reclamando que la inversión en el sector no solo se iguale al crecimiento general del presupuesto, sino que incluso lo supere para corregir el déficit estructural.
Desde UPA Andalucía también se ha hecho hincapié en la necesidad de priorizar los recursos hacia la agricultura y ganadería familiar, por su papel clave en la sostenibilidad del medio rural. «Los motivos de esta demanda son múltiples y, sobre todo, responden a la mayor vulnerabilidad económica de este modelo productivo», afirmó el secretario general. Asimismo, pidió un refuerzo presupuestario específico para apoyar a las explotaciones más afectadas por fenómenos climáticos extremos como sequías o DANAs, cada vez más frecuentes debido al cambio climático.
En este contexto, la organización ha instado a los grupos políticos y al Gobierno andaluz a que la Ley de Agricultura y Ganadería Familiar se ponga en marcha de una vez por todas, como ya ocurre en otras comunidades autónomas. «La baja rentabilidad, la exposición a los riesgos del mercado, la debilidad frente a otros eslabones de la cadena agroalimentaria y la vulnerabilidad ante el cambio climático son factores que justifican una apuesta decidida por este modelo», concluyó Cózar.