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El Consejo de Gobierno ha dado su visto bueno al recurso que presentará al Tribunal Supremo con el fin de que el Estado dé marcha atrás en el aumento del caudal ecológico del Tajo hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo (m³/seg). La Junta de Andalucía rechaza esta modificación por no contar con informes técnicos ni jurídicos que la respalden y por haberse tomado de forma unilateral por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, modificando el acuerdo alcanzado por las comunidades autónomas en el Consejo Nacional del Agua, donde se consensuó un aumento hasta los 6 m³/seg.
Andalucía se suma así a las medidas judiciales de los ejecutivos de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia en contra de «una decisión injustificada del Estado que conlleva un gran perjuicio para el Levante español en general y para el almeriense en particular», según la Junta.
105 hm³ de agua
El incremento del caudal del Tajo supone un recorte de 105 hm³ para una zona de la Península Ibérica especialmente afectada por la sequía que sufre España. «Estos recursos hídricos son necesarios para cubrir las necesidades de consumo de numerosos ciudadanos y para poder continuar con la importante actividad agrícola que se desarrolla en el Levante que, además de generar riqueza y empleo para sus habitantes, se caracteriza por su sostenibilidad ambiental y social», ha declarado la Junta en un comunicado. En concreto, consideran que la decisión del Gobierno central pone en riesgo la supervivencia de 23.000 hectáreas de cultivo; y, por otro lado, los aportes que diversos municipios del levante de Almería reciben del trasvase Tajo-Segura para abastecer a alrededor de 150.000 personas.
Entre los argumentos comunes que se incluyen en los recursos de Murcia, Valencia y Andalucía se encuentra la falta de respaldo científico para incrementar el caudal ecológico hasta los 8,6 m³/seg. Como se trasladó en la reunión del Consejo Nacional del Agua, los informes establecen que 6 m³/seg serían suficientes para garantizar el buen estado del río.
Además, el Gobierno andaluz considera que «no existe una obligación judicial para elevar el índice hasta esa cantidad, ya que el Tribunal y el Parlamento Europeo exigen que se vayan tomando medidas para aumentar los caudales ecológicos, pero no establecen esa cantidad».