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El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha anunciado este miércoles el impulso por parte de su Consejería de la Estrategia Justicia Andalucía 2023-2030 que permitirá dotar a la comunidad de un modelo judicial propio de cómo gestionar la Justicia en Andalucía que incluirá una planificación de las actuaciones a acometer en materia de infraestructuras judiciales, en la que primarán las ciudades de la Justicia de las capitales y una segunda red de sedes en ciudades medias.
Nieto, que ha comparecido en comisión parlamentaria, ha manifestado que la intención de su equipo es poner en marcha esta Estrategia que permitirá definir la realidad de la Justicia, repasar las actuaciones realizadas desde que la Junta tiene las competencias en esta materia, analizar los recursos disponibles y las necesidades a cubrir, y fijar un calendario.
De esta forma, ha explicado que desde la Consejería ya se ha realizado una primera estimación de actuaciones que son imprescindibles y de las necesidades económicas que requieren las mismas. Para ello ha recordado que las decisiones que se tomen deben ser «compartidas y acordadas con el Ministerio de Justicia y con la supervisión y el apoyo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía»., en un debate a tres en el que «la Junta no irá sola, pues contará con la opinión de los operadores jurídicos y de los grupos parlamentarios», ha añadido.
Ciudades de la Justicia
Para el consejero «hay que cerrar de forma inmediata la red de ciudades de la Justicia de las capitales andaluzas», ya que en la actualidad solo cuentan con este tipo de infraestructura Málaga, Almería y Córdoba. Un segundo anillo incluiría una red de apoyo a estas grandes sedes en ciudades medias.
En este punto, Nieto ha detallado la situación de algunos de los proyectos, destacando el de Sevilla, resuelto con la compra del Campus Palmas Altas, «que va a permitir contar con una sede moderna y suficiente para dar servicio a Sevilla y a toda la provincia».
Sobre la Ciudad de la Justicia de Cádiz ha indicado que a principios de septiembre pudo resolver con el Ayuntamiento el problema de edificabilidad provocado por la calificación del suelo; mientras que en el caso de Jaén, también ha quedado solventada «la cuestión de la disposición del suelo» tras la reunión mantenida con el alcalde. «Tiene que ser una realidad inminente, porque es una de las capitales en las que en peores condiciones trabajan los operadores jurídicos», ha señalado al respecto el consejero.
Por último, sobre el proyecto de Huelva ha destacado que el suelo cedido se encuentra en una zona cuya urbanización no está resuelta, pero que tras un primer encuentro con el alcalde de la ciudad espera poder encontrar una solución.
Red de ciudades medias y pequeños municipios
Por otra parte, Nieto ha destacado la importancia de una segunda red de soporte para apoyar el sistema judicial en ciudades medias en cuyas sedes judiciales también hay que intervenir. En este punto ha hecho alusión a partidos judiciales como Algeciras y Jerez de la Frontera (Cádiz), Roquetas de Mar (Almería) o Torremolinos (Málaga), entre otras, y ha puesto como ejemplo a la nueva sede judicial de Lucena (Córdoba) cuya finalización y puesta en marcha está prevista para el año 2023.
Una tercera línea de actuación sería aquellas necesidades urgentes que presentan las sedes de partidos judiciales de municipios más pequeños.
El consejero también ha puntualizado que la línea de trabajo de su equipo se verá condicionada por varias leyes que se están debatiendo en la actualidad en el Congreso sobre eficiencia administrativa, que podría establecer cambios en la actual planta judicial y, por tanto, «tendría efecto inmediato» en la actual configuración de sedes judiciales con los llamados Tribunales de Instancia.