Andalucía cerró 2024 con un total de 223 delitos e incidentes de odio registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según el último informe del Ministerio del Interior. El racismo y la xenofobia, junto a los delitos motivados por la orientación sexual y la identidad de género, concentraron la mayor parte de los casos conocidos en la comunidad autónoma.
De acuerdo con el documento oficial, Andalucía contabilizó 78 hechos relacionados con el racismo y la xenofobia y otros 78 vinculados a la orientación sexual e identidad de género. Entre ambas categorías suman cerca del 70% del total de delitos de odio registrados en la comunidad durante el pasado año.
El informe señala que Andalucía presenta una tasa de 2,59 delitos de odio por cada 100.000 habitantes, una cifra inferior a la media nacional, situada en 4,02. Aun así, el fenómeno mantiene una presencia significativa en el territorio andaluz y afecta especialmente a colectivos vulnerables por razones de origen, identidad, orientación sexual o género.
En el conjunto de España se registraron 1.955 delitos e incidentes de odio en 2024, frente a los 2.268 del año anterior, lo que supone una reducción del 13,8%. Pese a ese descenso, el racismo y la xenofobia siguieron siendo el principal motivo de los delitos de odio denunciados, con 804 casos, por delante de los relacionados con la orientación sexual e identidad de género, que alcanzaron los 528.
El documento también pone el foco en el entorno digital. Internet y las redes sociales continúan siendo los principales canales utilizados para la difusión de mensajes de odio, concentrando más de la mitad de los hechos detectados en este ámbito. Las amenazas, la incitación pública al odio y los mensajes de humillación figuran entre las conductas más habituales.
Desde el Ministerio del Interior se recuerda que los delitos de odio no afectan únicamente a las víctimas directas, sino que tienen consecuencias sobre la convivencia democrática y la cohesión social, por lo que se insiste en la importancia de la denuncia y de las políticas de prevención frente a la discriminación.