La aplicación definitiva de la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado beneficiará en Andalucía a casi 88.800 trabajadores públicos, después del acuerdo firmado entre CSIF y el Ministerio de Función Pública para desbloquear una medida que permanecía pendiente desde 2022. El pacto, enmarcado en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía suscrito el pasado noviembre, tendrá impacto sobre cerca de 246.500 personas en todo el país.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha presentado este paso como un acuerdo «histórico» por el alcance de una medida llamada a aplicarse en el mayor ámbito laboral de la Administración estatal. Según ha detallado el sindicato, el Ministerio deberá publicar en un plazo máximo de 15 días una resolución sobre jornada y horarios, mientras que su desarrollo concreto se negociará después en los distintos espacios con mesa específica, como ocurre en Instituciones Penitenciarias.
El acuerdo incorpora además a organismos públicos, agencias y otras entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, lo que amplía el alcance de la reducción de jornada y abre la puerta a su implantación también en empresas públicas.
Otro de los aspectos relevantes es la adaptación de esta medida a los regímenes de especial dedicación. En esos casos, las jornadas de 40 horas pasarán a 37 horas y media. También se prevé su ajuste en la jornada intensiva de verano y en aquellos centros de trabajo que ya cuentan con horarios especiales, siempre mediante negociación previa para compatibilizar la reducción horaria con la prestación de los servicios públicos.
Desde una perspectiva laboral y social, la implantación de las 35 horas vuelve a situar al empleo público como espacio de avance en derechos de conciliación y organización del trabajo. El sindicato subraya, además, que la medida puede tener efectos sobre la creación de empleo en un momento marcado por el envejecimiento de las plantillas: más del 50% del personal de la AGE supera los 50 años y más del 20% se jubilará en los próximos cinco años. En una comunidad como Andalucía, con un elevado peso del empleo público estatal en numerosos servicios, la aplicación de esta jornada tendrá una repercusión directa tanto en las condiciones laborales como en la reorganización de recursos humanos.