El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha anunciado este martes que el próximo lunes 16 de marzo presentará un paquete de 15 medidas de intervención en el mercado, entre las que figura la propuesta de intervenir los precios de la cesta de la compra.
Maíllo ha defendido esta iniciativa ante lo que considera una situación económica extraordinaria que podría agravarse por el contexto internacional, en referencia al ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. En declaraciones a los medios en Sevilla, tras reunirse con el comité de empresa de los trabajadores de limpieza de colegios del Ayuntamiento de la capital, el dirigente de IU ha insistido en que «hay que intervenir» el mercado en momentos de dificultad para la ciudadanía.
El candidato de Por Andalucía ha argumentado que el libre mercado no puede permitir situaciones de especulación en momentos de crisis. «No se puede asumir la estafa como mecanismo de aprovechamiento y especulación en momentos difíciles para la sociedad española», ha señalado, reclamando medidas que actúen no solo sobre el precio del combustible, sino también sobre los productos básicos.
Entre las fórmulas planteadas para limitar los precios, Maíllo ha mencionado desde la reducción del IVA por debajo del 5% hasta la posibilidad de fijar límites de precio por decreto, medidas que, según ha indicado, contarían con respaldo jurídico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contextos excepcionales como catástrofes o situaciones de guerra.
El dirigente de IU ha sostenido que estas intervenciones públicas servirían para corregir lo que ha calificado como «oligopolio de las grandes distribuidoras», a las que ha acusado de aprovechar los momentos de incertidumbre para incrementar sus beneficios. En este sentido, ha criticado que el precio del combustible suba con rapidez mientras que las bajadas se producen de forma mucho más lenta.
Finalmente, Maíllo ha reprochado a PP, Junts y Vox que rechazaran en el Congreso la convalidación del decreto-ley impulsado por el Gobierno de PSOE y Sumar con medidas del denominado escudo social, al considerar que esa iniciativa habría contribuido a contener el impacto de la subida de precios en la economía de las familias.