El PSOE de Andalucía ha anunciado su compromiso de abaratar un 20% el precio de la vivienda para los jóvenes andaluces y ha acusado al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla de no ser capaz de gestionar con eficacia el Bono Alquiler Joven financiado por el Ejecutivo central. La portavoz socialista de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Verónica Pérez, ha denunciado retrasos en el pago de ayudas y ha contrapuesto esta situación con la propuesta de María Jesús Montero de impulsar 100.000 nuevas viviendas públicas en la comunidad.
Según ha señalado Pérez, mientras Montero se ha comprometido a reducir en un 20% el coste de acceso a la vivienda para la juventud andaluza, el Ejecutivo autonómico «no es capaz ni de darles el Bono Alquiler Joven que financia el Gobierno de España». La dirigente socialista ha asegurado que en 2026 aún hay jóvenes pendientes de recibir ayudas correspondientes a la convocatoria de 2022, lo que, a su juicio, ha generado «desconfianza» en la gestión del Gobierno andaluz.
La portavoz ha indicado que existen 3000 ayudas sin solicitar de las 15.000 convocadas este año, pese a que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la juventud andaluza. En este sentido, ha calificado la tramitación del Bono Alquiler Joven como un «laberinto burocrático», con «expedientes interminables, un sistema que se cae y con resoluciones contradictorias».
Pérez ha cuestionado además qué ha hecho el Gobierno andaluz con los más de 34 millones de euros que, según ha afirmado, llegan cada año a Andalucía para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, acusando al Ejecutivo autonómico de «boicotear» estas ayudas.
Frente a este modelo, el PSOE-A defiende la construcción de 100.000 nuevas viviendas públicas y la derogación de la ley andaluza de vivienda en los primeros 100 días de gobierno, con el objetivo de que la vivienda «deje de ser un negocio» y pase a convertirse en un derecho, definido como el «quinto pilar del Estado del Bienestar».
El debate sobre el acceso a la vivienda se ha consolidado en los últimos años como uno de los ejes centrales de la agenda política andaluza, especialmente entre la población joven, en un contexto marcado por el encarecimiento de los precios del alquiler y la dificultad para acceder a una vivienda en propiedad.