El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años como parte de una estrategia más amplia para reforzar los derechos de la infancia y combatir los abusos de las grandes plataformas digitales. El anuncio se ha producido durante el World Governments Summit, celebrado en Dubái.
La prohibición se articulará mediante una reforma legislativa que obligará a las plataformas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad, una medida ya incluida en el proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales que se tramita actualmente en el Congreso. Sánchez ha defendido que esta iniciativa se sitúa en la línea de otros países europeos como Francia o Portugal y responde a la necesidad de poner límites a un espacio digital que, a su juicio, opera al margen del interés general.
«Las redes sociales son más ricas y más poderosas que muchos países, incluyendo el mío», ha advertido el presidente, que ha apostado por una política de «tolerancia cero» frente a los delitos, el discurso de odio y la manipulación algorítmica. En este sentido, el Gobierno también pretende acabar con la impunidad de los altos cargos de las plataformas, atribuyéndoles responsabilidad legal directa si no actúan contra contenidos ilegales o que vulneren los derechos fundamentales.
El anuncio incluye además la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilícitos, así como la creación de un sistema de rastreo que permita medir y visibilizar la propagación del odio y la polarización social. Estas medidas complementan las obligaciones ya existentes en el marco de la Unión Europea, que a través del Reglamento de Servicios Digitales ha comenzado a sancionar a las grandes tecnológicas.
Desde una perspectiva autonómica, el refuerzo del control público sobre el entorno digital se presenta como un paso clave para proteger a la juventud y garantizar una convivencia democrática también en el espacio virtual. Sánchez ha subrayado que España formará parte de una coalición de países europeos decididos a avanzar de forma coordinada hacia una regulación más justa y eficaz, con el objetivo de que la tecnología esté al servicio de la sociedad y no al margen de ella.