Instantánea de los manifestantes en las inmediaciones del edificio. - Izquierda Unida

Activistas por la vivienda en Málaga entraron el viernes por la tarde en un edificio de la calle Ollerías número 15, adjudicado por la Junta de Andalucía a un fondo israelí por un precio de 3,6 millones de euros. El inmueble había sido sede, por más de 20 años, de Málaga Acoge, una ONG que presta ayuda a colectivos vulnerables. Desde la Junta de Andalucía, a través de la delegación territorial de Inclusión Social, se intentó llegar a un acuerdo con ‘Un Techo Por Derecho’, el colectivo que había ocupado el lugar junto a otros movimientos vecinales y sociales.

No fue hasta la tarde de este sábado cuando la Policía Nacional, amparada en una orden judicial, acabó desalojando a una treintena de vecinos que se encerraron en protesta por la crisis habitacional. Las protestas no acabaron ahí. Los vecinos han convertido este fin de semana el entorno del inmueble en un lugar de denuncia. «¡Málaga para vivir, no para sobrevivir!», corearon mientras cortaban la calle Carretería —uno de los corazones de la especulación de la ciudad—.

La versión de la Junta de Andalucía

En un comunicado dirigido a la prensa, la Junta informó de que el edificio «se encuentra actualmente en proceso administrativo de enajenación». El inmueble «no cuenta con condiciones de habitabilidad, seguridad, ni salubridad». La administración también recalcó que a la ONG se le ha dado la alternativa de ser trasladados a un local, pero Málaga Acoge denuncia que el espacio, además de ser de alquiler, no cumple con sus necesidades. «Son 100 metros de un local que compartimos con el Ayuntamiento, que tiene aulas de formación, pero no nos han expresado cuándo se van a ir», explicaba su director, Alejandro Cortina, al diario La Opinión de Málaga.

Son más de 5000 personas ayudadas, casi 100.000 actuaciones individuales y más de 1.200 actividades las realizadas ya por la entidad. Para Cortina el cierre del edificio es «una oportunidad perdida para la ciudad de un edificio público que tenía muchas posibilidades para ser utilizado como recurso social ciudadano, en un distrito en el que faltan este tipo de servicios». Los movimientos por la vivienda de Málaga exigen que los políticos se sienten con ellos a dialogar sobre la crisis habitacional en la ciudad, un desastre que azota a toda la población.