El Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso, clonado, volcado y visionado de los teléfonos móviles de seis empresarios del sector de la construcción investigados en el denominado caso Mascarillas, que indaga sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en contratos vinculados a la Diputación Provincial de Almería y al Ayuntamiento de Fines.
El magistrado José Manuel Rey Bellot, encargado de la instrucción, ha accedido a la petición realizada por el área de investigación económica de la UCO con el objetivo de elaborar un informe que permita esclarecer la posible comisión de delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación de caudales públicos.
En un auto fechado el pasado 2 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez autoriza el análisis del contenido de los dispositivos móviles de los empresarios investigados, quienes ya fueron llamados a declarar en dependencias policiales el pasado mes de noviembre. Aquella fase de la investigación coincidió con la detención del expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y del exvicepresidente segundo, Fernando Giménez, entre otros implicados.
La instrucción judicial apunta a la «aparente existencia» de una dinámica de funcionamiento instaurada en el seno de la Diputación Provincial de Almería que habría permitido la adjudicación fraudulenta de contratos públicos atendiendo a intereses personales y económicos, y al margen de los principios que rigen la contratación pública. Según el juez, esta operativa iría más allá del contrato de más de dos millones de euros inicialmente investigado para el suministro de mascarillas, guantes y material sanitario durante la fase más crítica de la pandemia de covid-19, extendiéndose también a adjudicaciones de obras y servicios.
Los autos describen una presunta estructura articulada en dos niveles. Por un lado, cargos públicos que habrían posibilitado y propiciado la trama, beneficiándose de ella tanto económica como personalmente; y, por otro, una serie de sociedades mercantiles y empresarios que habrían participado como adjudicatarios de contratos o facilitando que otras empresas lo hicieran.
En este contexto, la investigación se centra especialmente en seis empresas y sus responsables. Entre ellos figura el hermano del exvicepresidente tercero y exdiputado provincial de Fomento, Óscar Liria, quien ya fue detenido y apartado en una primera fase. Según el auto, a través de la empresa Pulconal, el familiar «tenía pleno conocimiento y percibía un cinco por ciento del beneficio de los contratos adjudicados por la Diputación Provincial de Almería a la sociedad».
Otra de las mercantiles señaladas es OYC Servicios Urbanos, cuya «verdadera titularidad» se atribuye al exalcalde de Fines y a su hijo, ambos también investigados. Además, se analiza el papel de una pareja que figuraba como accionista y administrador solidario de la empresa. Junto a estas sociedades, el foco se amplía a otras seis mercantiles dirigidas por cuatro empresarios adicionales, que podrían haberse beneficiado de la trama mediante la adjudicación de contratos públicos. Todos ellos, según el juez, «podrían disponer de indicios relevantes para el esclarecimiento de los hechos», lo que justifica la exploración de sus teléfonos móviles.
El origen de la causa se sitúa en la adjudicación del contrato de suministro de material sanitario a la empresa Azor Corporate Ibérica mediante un decreto firmado por Javier Aureliano García el 8 de abril de 2020, por un importe de 2.036.186,24 euros, a propuesta de Fernando Giménez. Para el magistrado, «existen claros indicios de que tal contratación se produjo de forma ilícita», entre otros motivos por el vínculo familiar entre Óscar Liria y el representante de la sociedad adjudicataria, así como por la existencia de gestiones previas para la compra del material antes incluso de la adjudicación formal.
La investigación también pone el acento en las conversaciones telemáticas mantenidas entre los investigados, quienes utilizaban un grupo de WhatsApp denominado ‘Naranjito’. En dichos intercambios se emplearía un lenguaje «en clave» o «encriptado», utilizando expresiones como «ir al dentista», «cambiar la piñata entera» o «necesito empastarme dos o tres muelas» para referirse presuntamente al cobro de comisiones. El juez considera «muy llamativo» el uso reiterado y «totalmente desvinculado del contenido material» de términos odontológicos en conversaciones relacionadas con licitaciones públicas.
Asimismo, los informes policiales destacan el uso intensivo de dinero en efectivo por parte de Javier Aureliano García, con ingresos de hasta 19.750 euros procedentes de Roquetas de Mar y El Ejido para el pago de cuotas hipotecarias de un inmueble compartido con su hermana, también investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales. A ello se suman otros 20.000 euros entregados para la compra de una parcela en Rodalquilar, sin que conste el origen del efectivo utilizado.
La investigación aprecia además una posible instrumentalización de la comunidad de bienes García Molina —administrada por otro hermano del expresidente provincial— para canalizar fondos procedentes de la venta de un inmueble heredado en Almerimar, con el fin de integrar presuntamente dinero de origen ilícito en el circuito legal. También se consideran relevantes los viajes de alto coste realizados a Ibiza y Madrid en fechas próximas a las supuestas adjudicaciones irregulares, así como el interés de García en coordinar declaraciones con Fernando Giménez antes de ser detenido.