El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, advirtió este lunes en el Parlamento andaluz de que la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) está «en el límite de la inconstitucionalidad» y que «bordea en algunos artículos la constitucionalidad». Durante su intervención en la comisión que analiza el texto, reclamó además financiación suficiente para poder cumplir las nuevas obligaciones que introduce la norma.
Oliva señaló que la Ley impone requisitos —como la acreditación obligatoria de un nivel B2 de idiomas— que no podrán implementarse sin «un programa muy potente de becas», y lamentó que el texto que ha llegado a la Cámara «difiere en aspectos sustantivos» del borrador que los rectores examinaron hace un año y que entonces recibió su visto bueno.
Los rectores denuncian «injerencia política» y vulneración de la autonomía universitaria
La AUPA sostiene que la LUPA constituye «una injerencia política» en la gestión universitaria y que pone «en entredicho su legalidad» al invadir competencias de la autonomía universitaria, consagrada en la Constitución, y al «vulnerar» artículos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Pese a ello, Oliva reconoció que las universidades no podrán recurrir la norma, pero insistió: «Teníamos que decirlo».
Entre los aspectos que más preocupan a los rectores destacan:
- La revisión semestral del personal sustituto, que califican como «una injerencia injustificada».
- Que la LUPA incluya nuevas figuras de profesorado, como el profesor singular invitado, cuando «las modalidades ya están recogidas en la LOSU» y la categoría «no añade nada especial».
- La regulación del profesor emérito, ya fijada por la LOSU y delegada a las universidades, lo que consideran «un error técnico de competencias».
- La obligación de que la oferta de plazas de profesorado sea aprobada por la Junta, pese a que «la LOSU es clara: es competencia de las universidades».
Asimismo, critican como «excesivo» que la Junta nombre nueve miembros del Consejo Social, un número que, a su juicio, «puede comprometer la independencia del órgano». También piden que las universidades de nueva creación deban cumplir la normativa «desde el principio» y no dispongan de un año extra de adaptación.
Dudas sobre el interventor externo y las becas de internacionalización
Otra de las críticas más contundentes se ha centrado en la obligación de incorporar un interventor externo en cada universidad. Oliva recordó que hace un año esta figura era opcional y que «no comprendemos su inclusión», especialmente cuando «todos los años nos fiscaliza la Cámara de Cuentas». «No hay institución más vigilada y fiscalizada que las universidades», afirmó, advirtiendo de que su implantación «carece de sentido y va a burocratizar y ralentizar aún más la gestión».
En materia de becas, los rectores exigen que las de internacionalización queden explícitamente reservadas «exclusivamente para estudiantes de la pública».
El parlamentario del PP José Carlos García respondió a las críticas recordando que la LUPA cuenta con el aval del Consejo Consultivo de Andalucía y de los servicios jurídicos de la Junta. Defendió también la figura del interventor externo «ante lo que ha pasado en la Universidad de Málaga», argumentando que «cuatro ojos ven más que dos».
La Junta defiende que la LUPA moderniza el sistema universitario y refuerza la autonomía
Por su parte, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación defendió que la nueva Ley «actualiza el sistema universitario con una norma moderna, útil y pensada para los próximos 15 años», asegurando que sitúa a las universidades andaluzas «en una nueva etapa de autonomía, calidad y proyección internacional».
Según la Junta, la LUPA es «una ley para atraer y retener talento, impulsar la innovación y reforzar los derechos del estudiantado». Además, «consagra» el modelo de financiación 2023–2027, acordado con las universidades públicas, que establece una senda de crecimiento sostenido para alcanzar el 1% del PIB andaluz en inversión universitaria.
Este modelo, subraya la Consejería, «da respuesta a una demanda histórica», salda «una deuda que lastraba la excelencia del sistema» y permitirá por primera vez a las universidades planificar inversiones con remanentes no afectados.