La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado un nuevo nombre a la lista de investigados en la segunda fase del caso ‘Mascarillas’, que indaga supuestos contratos irregulares tramitados desde la Diputación de Almería para la adquisición de material sanitario durante la pandemia. El último señalado es Óscar Liria, exvicepresidente tercero de la institución provincial, que ya fue detenido en junio de 2021 en la primera fase de la operación.
Liria, que llegó a ingresar en prisión preventiva, es considerado por los investigadores como una figura clave en la presunta trama de comisiones vinculada a un contrato de más de dos millones de euros para la compra urgente de mascarillas, guantes y otros equipos de protección en abril de 2020. Aunque en la comisión de investigación el exvicepresidente negó cualquier participación en la tramitación del expediente, las actuaciones lo sitúan como la persona que habría propuesto el contacto para la adquisición del material sanitario.
Con esta nueva imputación, son ya ocho los presuntos implicados en la trama: cinco detenidos y tres investigados. Entre ellos figuran el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el vicepresidente segundo, Fernando Giménez, quienes han pasado la noche en dependencias policiales, según fuentes de la investigación. Ambos ya estaban siendo investigados judicialmente, al igual que el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), también detenido en esta segunda fase.
La operación incluye además la detención del hijo del alcalde de Fines —ya arrestado en 2021 durante la primera fase— y un técnico de Obras Públicas de la Diputación. Junto a ellos, tres empresarios han sido investigados, si bien se encuentran en libertad.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que dirige la causa principal, atribuye a los implicados delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, aunque las responsabilidades varían en función del papel que habría desempeñado cada uno en la presunta red. La Guardia Civil sostiene que existen indicios de que los investigados “habrían colaborado o facilitado la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones”.
La jornada de registros llevada a cabo este martes se prolongó durante más de diez horas. Los agentes inspeccionaron dependencias de la Diputación de Almería acompañados por el presidente y el vicepresidente, ambos suspendidos cautelarmente de militancia por el Partido Popular, al igual que el regidor de Fines. También se registraron domicilios y sedes de empresas, especialmente en la comarca del Valle del Almanzora, en busca de documentación relacionada con contratos públicos presuntamente manipulados.
La investigación actual tiene su origen en la operación desarrollada en junio de 2021, cuando se detectaron posibles sobrecostes y desvíos en un contrato de urgencia valorado en 2.036.186,24 euros, cuyo pago al proveedor no llegó al millón de euros. Aquellos indicios de posibles “mordidas” llevaron a los agentes y a la autoridad judicial a extender las pesquisas para comprobar si el mismo esquema se habría repetido en otros contratos de obras y servicios, incluidos algunos vinculados al Ayuntamiento de Fines.