El suicidio de Sandra Peña, la niña de 14 años que se quitó la vida el pasado martes en Sevilla tras sufrir acoso escolar por parte de sus compañeros, ha generado una ola de indignación social que se ha visto reflejada a través de las redes y los medios de comunicación. Tras el trágico suceso, la familia anunció que emprendería acciones legales contra el colegio que, presuntamente, no actuó como debía. Expertos como Pablo Duchement, docente y perito judicial informático especializado en acoso, señalan que el PACAE de Andalucía —el Protocolo de Actuación Contra el Acoso Escolar— «está desfasado» y resulta ser «insuficiente». El documento, de cinco páginas de extensión, fue publicado en 2011. Desde entonces, no ha habido ninguna actualización al respecto.
Lo que falla en el protocolo
Según Duchement, hay dos características en la definición de acoso escolar que son erróneas. La administración andaluza recoge la «indefensión y personalización», que las define como que «el objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión». También recoge como característica «el componente colectivo o grupal». La Junta generaliza los casos y no contempla explícitamente aquellos en los que solo hay un agresor. «En estos casos sigue siendo acoso escolar», insiste el docente. La problemática principal reside en la libre interpretación que se deja a los centros sobre qué es —y qué no— el acoso escolar. Esto ofrece a equipos directivos negligentes la oportunidad de desatender casos gracias a la ambigüedad del protocolo.
Los plazos en la aplicación también son un problema. No hay plazos fijos exigibles para las investigaciones o intervenciones, lo que facilita una dilatación de la actuación. Hay casos que no llegan a resolverse o que tardan mucho, lo que desprotege a las víctimas. Tampoco el profesorado está lo suficientemente formado, tal y como indicaba en un informe de 2016 la actual Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía. Duchement incide en la falta de caminos alternativos para denunciar los hechos. No es posible gestionarlo con la inspección educativa, o al menos no se menciona —y ahí está el error—. Es la dirección del centro la vía de activación del protocolo, y no un órgano especializado. «Recordemos que un director es un profesor con atribuciones organizativas, no un experto», señala en sus redes sociales.
No hay recursos adecuados
En mayo de este año el CSIF alertaba de que el 66% del profesorado andaluz ha gestionado casos sin contar con los recursos adecuados. Hay una clara ausencia de apoyo psicológico inmediato y de orientación. La Junta de Andalucía destina un orientador por cada 700 alumnos en la Educación Secundaria, según señalan sus colectivos. «De esta forma no podemos ofrecer una orientación educativa de calidad», denuncian.
La violencia y el acoso en los centros educativos puede ser habituales. El problema no es que haya centros con casos de acoso escolar, sino no gestionar debidamente los existentes. En una entrevista reciente en elDiario.es, el docente, autor también del libro Te espero a la salida, zanjaba el asunto tajantemente: «Acoso hay en todos los centros: si tengo que elegir entre un colegio con 20 protocolos abiertos y otro con ninguno, matriculo a mi hijo en el de 20».