El consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, asumirá de forma interina la Consejería de Salud y Consumo tras el cese de Rocío Hernández Soto, según publica este jueves el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El decreto, firmado el pasado 8 de octubre, indica que Hernández deja el cargo «a petición propia» y agradece los servicios prestados. Hasta el nombramiento de un nuevo titular, Sanz se encargará de la gestión ordinaria del departamento.
La salida de Hernández se produce en pleno escándalo por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama, que ha derivado en retrasos en el diagnóstico de cientos de mujeres. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció anoche en una comparecencia sin preguntas que aceptaba su dimisión, marcada por la presión política y social generada por esta crisis sanitaria. Durante la concentración celebrada en Sevilla en apoyo a las mujeres afectadas, por primera vez se escucharon gritos pidiendo la dimisión del propio presidente.
Rocío Hernández era ya la tercera consejera de Salud del actual Gobierno andaluz, una cartera que se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza para Moreno. Las listas de espera, los problemas en la atención primaria y la investigación judicial sobre los contratos de emergencia —que afecta a los tres gerentes del SAS desde que el PP gobierna— han erosionado la gestión sanitaria del Ejecutivo autonómico.
Coordinar el plan de choque
Moreno ha recurrido a su hombre de confianza para contener la crisis y coordinar el plan de choque con el que pretende dar respuesta a las afectadas por los retrasos en el diagnóstico. Antonio Sanz, considerado el principal «apagafuegos» del Gobierno, ha sido una pieza clave en los acuerdos con sindicatos y patronal, además de artífice de la unificación de los servicios de emergencias y bomberos forestales en una gran agencia autonómica.
Su perfil político, sin embargo, ha despertado recelos entre los sindicatos del sector sanitario. Desde UGT Andalucía, Antonio Macías ha criticado que el nombramiento responde más a una estrategia de control que a una voluntad de reforma: «Han puesto a un político experto en tapar problemas, no en solucionarlos». En la misma línea, Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz, reclama «una negociación real con los médicos» y una reforma profunda que frene la fuga de profesionales.
Por su parte, José Pelayo Galindo, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO Andalucía, ha recordado que lo importante no son los nombres, sino las políticas: «Queremos una sanidad pública fuerte, que apueste por sus trabajadores y garantice la calidad asistencial y la vida de los andaluces».