El último desencuentro entre Junts per Catalunya (JxCat) y la Junta de Andalucía ha reabierto el debate sobre la financiación autonómica y la solidaridad entre territorios. La polémica estalló tras unas declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, quien criticó las nuevas deducciones fiscales aprobadas por el Gobierno andaluz —entre ellas, las aplicables a gastos de gimnasio o veterinarios— afirmando que se sufragan «con el dinero de los catalanes».
Las palabras de Turull no solo encendieron la respuesta del Ejecutivo andaluz, sino que también abrieron un nuevo frente político. El líder de Junts aprovechó la ocasión para insistir en que Cataluña necesita competencias en inmigración y para reforzar el discurso del agravio fiscal que, según el independentismo, sufre la comunidad al aportar más de lo que recibe.
La reacción desde Andalucía fue inmediata. El presidente Juanma Moreno exigió respeto hacia la autonomía andaluza y acusó a Junts de mirar «por encima del hombro» a los andaluces. Incluso anunció que su Gobierno seguirá adelante con nuevas deducciones fiscales, en un gesto de reafirmación política. En la misma línea, la consejera de Hacienda, Carolina España, pidió a la ministra María Jesús Montero que reclame disculpas públicas a Turull, y advirtió de que «no se tolerarán declaraciones que menosprecien al pueblo andaluz».
Siempre la misma cantinela: atacar a Andalucía y mirarnos por encima del hombro.
— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 26, 2025
Exijo respeto y espero que el Gobierno de España se sume a defender la dignidad de Andalucía.
Además, ya anuncio que habrá otra deducción fiscal.
🤷♂️ Lo siento, independentistas.#VivaAndalucía pic.twitter.com/BH8sBgXb7r
La controversia también ha generado efectos colaterales. Izquierda Unida, desde Andalucía, coincidió con Turull en que es «vergonzoso» aplicar exenciones fiscales a gimnasios mientras persisten recortes en sanidad, aunque rechazó la carga despectiva hacia la comunidad andaluza. Este matiz evidencia que el conflicto no se limita a un choque entre Cataluña y Andalucía, sino que se inserta en un debate más amplio sobre prioridades fiscales y políticas sociales.
Los medios andaluces han interpretado las palabras de Turull como un gesto de condescendencia, e insisten en que reflejan el temor a que Andalucía se convierta en una «amenaza económica» para Cataluña. La prensa catalana, por su parte, ha enmarcado la polémica en el contexto de la reivindicación del independentismo: subrayar que Cataluña financia a otros territorios y usarlo como argumento para reclamar más autogobierno.
El trasfondo de este choque es, en realidad, la eterna cuestión de la financiación autonómica. Mientras que el independentismo catalán considera injusto el actual sistema de redistribución, desde Andalucía se reivindica el derecho a diseñar políticas fiscales propias sin injerencias. La disputa muestra cómo medidas concretas —como una deducción de impuestos— se convierten en símbolos políticos capaces de alimentar discursos territoriales más amplios.
Los riesgos de esta escalada son evidentes: un aumento de la polarización territorial, la instrumentalización partidista de las políticas fiscales y la distracción de problemas de fondo como la sanidad, la educación o la inversión en servicios públicos. Pero también refleja una dinámica recurrente: Junts utiliza el agravio territorial como herramienta de presión en Madrid, mientras que el Gobierno andaluz refuerza su perfil político defendiendo la dignidad de su comunidad frente a críticas externas.
En definitiva, lo que comenzó como un debate sobre deducciones fiscales ha terminado convertido en un nuevo episodio de confrontación entre territorios. Junts y la Junta de Andalucía representan visiones opuestas de España: una centrada en el discurso del agravio y la reivindicación soberanista, y otra en la defensa de la autonomía regional y la legitimidad de sus políticas fiscales.