Imagen de protesta del sector del taxi por el decreto VTC / EA
Imagen de protesta del sector del taxi por el decreto VTC / EA

La parlamentaria de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha reiterado este lunes el apoyo de su formación a las reivindicaciones del sector del taxi en Sevilla y en el conjunto de Andalucía, y ha reclamado a la Junta que cumpla con los compromisos adquiridos en relación a las licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC).

«Se están concediendo licencias como churros», ha denunciado Iza, quien ha recordado que ya antes del verano su grupo pidió explicaciones a la consejera de Fomento en un pleno, donde el Gobierno andaluz se comprometió a elaborar un informe de impacto ambiental sobre la proliferación de estos vehículos. «Esperamos que la consejera haya hecho los deberes durante el verano, que el informe esté terminado y que reciban a los taxistas», ha señalado.

Iza ha presentado además las conclusiones de un estudio encargado por la Delegación de Taxi de Sevilla a expertos de la Universidad Politécnica de Cataluña y de la Universidad de Barcelona. El informe concluye que debería reducirse el número de VTC para garantizar la sostenibilidad ambiental, la eficiencia en el transporte y la preservación del casco histórico. Según los datos, estos vehículos generan más del doble de emisiones de CO₂ y hasta un 112 % más de óxidos de nitrógeno que los taxis en los mismos trayectos. Asimismo, recorren el doble de kilómetros, ocupan un 35 % más de tiempo en la vía pública y agravan la congestión del tráfico.

El documento también advierte de un impacto social negativo: «El modelo VTC prioriza a clientes turísticos y de alto poder adquisitivo, desplazando al taxi y dificultando la movilidad de residentes, personas con movilidad reducida y colectivos vulnerables», ha explicado la parlamentaria. En este sentido, ha alertado de un proceso de «gentrificación del transporte» que, a su juicio, replica lo ocurrido con la vivienda.

Adelante Andalucía defiende que este estudio se suma a la evidencia científica y regulatoria que avala la capacidad de las ciudades para limitar el número de VTC por razones ambientales, de tráfico y de protección del espacio público, en línea con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. «No podemos dejar al mercado el destino del patrimonio que pertenece a toda la ciudadanía», ha subrayado Iza.

El informe ha sido remitido tanto a la Consejería de Fomento de la Junta como a la Dirección General de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, con la intención de iniciar un proceso de trabajo conjunto. «La urgencia de esta situación obliga a que sea tenido en cuenta cuanto antes», ha concluido la diputada.