La ONG Alianza por la Solidaridad-ActionAid denuncia los «dobles raseros» en el cumplimiento del derecho al empadronamiento por parte de los Ayuntamientos, referente al reciente caso de la candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, empadronada en un domicilio en el que no ha residido de manera habitual nunca.

La organización ha llevado a cabo una investigación en ayuntamientos andaluces que pone de manifiesto que el derecho al empadronamiento, recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, está siendo «sistemáticamente incumplido» en el caso de las personas migrantes.

Según la normativa, se debe permitir el padrón «en todo tipo de domicilios, incluyendo infraviviendas como cuevas y chabolas». En consecuencia, las infraviviendas de asentamientos como las que hay en los poblados chabolistas como el de Atochares (Níjar) o de Palos de la Frontera «pueden y deben figurar como domicilios válidos», según la ley.

Los consistorios donde se ha llevado a cabo esta investigación, según la ONG, «ponen numerosas trabas a las personas que quieren realizar este procedimiento, público y gratuito, lo que conlleva graves consecuencias y el incumplimiento de los derechos de las personas migrantes».

Alianza-ActionAid ha manifestado que «no sólo hay una total falta de información adaptada a sus circunstancias y barreras idiomáticas en las oficinas públicas donde se realizan los trámites», sino que se les exige «una documentación que no figura en la normativa o se les obliga a pedir citas previas que no llegan nunca a materializarse».

Derechos fundamentales «vulnerados»

Además, la ONG a través de la investigación «Vecinas, vivas donde vivas», ha podido enumerar otros derechos fundamentales «que están siendo vulnerados por las trabas y la falta de este documento, como pueden ser el derecho a votar, solicitar prestaciones sociales, tener atención médica con la tarjeta sanitaria verde en Andalucía, pedir una plaza en escuelas infantiles y solicitar o renovar un DNI y/o pasaporte, entre otros derechos», afirma la ONG.

Para Ana Gómez, coordinadora de Alianza en Andalucía, «Nos gustaría que las personas migrantes tengan las mismas facilidades que la señora Olona. Sin embargo, con ellas se produce una forma de violencia institucional cuyas víctimas son invisibilizadas al no ser reconocida su existencia».

Asimismo, Gómez señala que «la Junta de Andalucía debe presionar a los ayuntamientos para que se garantice que cumplen con la normativa existente, dado que se trata de una competencia local». Una demanda que se realiza también desde otras organizaciones. Cabe señalar, que la denegación de este servicio, de forma totalmente discriminatoria, está fomentando un comercio ilegal, dado que las personas afectadas se ven abocadas a pagar entre 300 y 1500 euros por conseguir el documento del padrón al que tienen derecho.

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