La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha sido llamada a declarar en calidad de investigada por el juez en abril de 2022 junto a otras 19 personas y cuatro entidades por las presuntas mordidas a cambio de contratos públicos en el caso Hispano Almería.

Estas presuntas mordidas, producidas en contratos de municipios como Roquetas de Mar o La Mojonera, o en la Diputación de Almería, se produjeron mientras Crespo presidía la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente, una presidencia que ostentaba de forma «rotatoria», según afirma la propia consejera. La declaración de titular de Agricultura está en el aire por su condición de aforada, anunciando además que va a recurrir el auto del juzgado de instrucción número tres de Almería, al que ha tenido acceso El País.

El informe de la UDEF sobre la gestión de subvenciones en La Mojonera por parte de la Asociación que presidía Crespo, incorporado a la causa en 2020, es el principal valedor para el juez de cara a la imputación de la consejera, por la construcción del Museo de Agricultura de la localidad almeriense.

Por su parte, la consejera Crespo se ha mostrado «tranquila» este martes en la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, donde ha manifestado además que «tanto el presidente como el vicepresidente de la Junta están tranquilos, al igual que yo».

Crespo ha señalado que «siempre he actuado conforme a la ley», asegurando además que se ha enterado de su situación «a través de los medios de comunicación» y que «no se me ha notificado» ninguna citación para ir a declarar a los juzgados de Almería. Además, ha defendido su «honestidad» en su vida «privada y pública».

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