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El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Andalucía ha solicitado a la Consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, una reunión urgente de seguimiento del plan de prevención y atención frente a las agresiones a profesionales sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras conocer que, entre enero y julio de 2022, cerca de 900 trabajadores de la Sanidad Pública andaluza han sido víctima de algún incidente violento.
En este sentido, el Sindicato de Enfermería asegura que, aunque se han conseguido avances en la prevención y protección de los profesionales sanitarios ante casos de agresiones en el desempeño de su actividad, es urgente seguir implementando nuevas medidas en esta materia. Y es que, puntualiza, SATSE, más de dos años después de su entrada en vigor el 10 de octubre de 2020 todavía siguen sin desarrollarse todas las medidas y modificaciones normativas recogidas en el plan de prevención y atención frente a las agresiones a profesionales del SAS.
Un nuevo régimen sancionador para los usuarios
Entre las medidas pendientes de poner en marcha, el Sindicato de Enfermería destaca las relacionadas con los derechos y deberes de los ciudadanos que incluyen promover un cambio normativo que establezca un régimen sancionador para los usuarios del Sistema Sanitario Público Andaluz que los incumplan, incluyendo sanciones económicas proporcionadas al daño ocasionado.
De igual forma, a juicio de SATSE como medida de protección frente a las agresiones a profesionales sanitarios es fundamental que las tarjetas identificativas del profesional no recojan información adicional del profesional que permita que los agresores puedan identificarlos en redes sociales o por cualquier otro medio.
Añade también SATSE que sigue pendiente de implantar el software de alertar en todos los ordenadores de los trabajadores susceptibles de sufrir una agresión, debido a su contacto directo con los usuarios o incrementar la presencia de cámaras de seguridad y de vigilantes de seguridad en los centros, y mejorar la formación de estos profesionales en materia de prevención de agresiones.
De otro lado, el Sindicato de Enfermería ha propuesto además algunas medidas adicionales como constituir un Observatorio de Agresiones al que puedan formar parte todas las partes implicadas que tendrían mucho que aportar como los jueces, fiscales y abogados en aras a conseguir medidas factibles, acordes y pertinentes contra las agresiones.
Asimismo, desde la organización sindical se ha insistido en que sería de utilidad implementar en Diraya (Sistema de información asistencial corporativo del SAS) algún sistema de identificación para agresores, accesible para todos los profesionales a la vez que ha insistido en la necesidad de regular por ley el reconocimiento de delito a la autoridad pública la agresión al personal sanitario.
Málaga encabeza los datos de agresiones en 2022
El Sindicato de Enfermería ha solicitado estas medidas tras conocer los últimos datos de agresiones registrados en el SAS, que abarcan entre enero y julio de 2022, y que apuntan a un incremento de casos cuando se contabilicen el año completo. En concreto, en los primeros siete meses de 2022 se han contabilizado en toda Andalucía 898 agresiones de las cuales 730 han sido de carácter verbal, tales como amenazas, criticas humillantes o insultos graves, y 168 han llegado a la agresión física.
Por provincias, Málaga encabeza las agresiones con 187 casos (46 de ellas físicas), seguida de Sevilla 175 (35 físicas) y Cádiz con 153 casos, de los cuáles 16 fueron físicas. A continuación, según los datos recopilados por SATSE, se sitúan la provincia de Huelva, con 93 incidentes (24 agresiones físicas), 85 en Granada (22 agresiones físicas), 80 en centros de Almería (21 físicas), Jaén con 62 casos de ellos una agresión física y por último Córdoba con 62 (3 agresiones físicas).
Por todo ello, SATSE concluye apelando a la sensibilidad de la Consejera de Salud y Consumo, Catalina García, para atender sus peticiones y seguir implementando medidas que son de vital importancia para continuar mejorando las condiciones laborales y de prevención de todos los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.