El portavoz adjunto del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, Guzmán Ahumada, ha afeado hoy al Gobierno andaluz que siga “profundizando en la dependencia de las clínicas privadas de sanidad”, después de conocerse en los últimos días el concierto que ha firmado con las Clínicas Pascual, hasta 2027, por valor de 770 millones de euros.

En rueda de prensa, Ahumada ha asegurado que esto supone «una privatización de la sanidad, y una concepción del derecho a la salud como un negocio». Según ha explicado el portavoz adjunto de Unidas Podemos por Andalucía, «esta situación que veníamos denunciando en legislaturas anteriores se está agudizando con el Gobierno de Moreno Bonilla, a pesar de que ha contado con recurso récord para reducir la dependencia de algunas comarcas con las clínicas privadas», ocasionando, además, «el deterioro de la sanidad pública y se despiden a profesionales sanitarios, que viven cada día una situación más precaria mientras más se paga a las clínicas privadas».

Desde Unidas Podemos han explicado que «la derivación a las clínicas privadas salen más caras porque el coste que se paga es muy superior a los servicios que se prestan que, además, existen carencias en la prestación de estos servicios al incumplirse las condiciones de los contratos sin que tenga consecuencias para la empresa adjudicataria».

Ahumada también ha advertido de que «a pesar de la inminente apertura del CHARE de Lepe, se ha firmado un concierto con el Hospital Virgen Bella, de clínicas Pascual, por algo más de 40 millones de euros anuales, para prestar servicio en la zona». En este sentido, Guzmán Ahumada ha señalado que «el contrato recoge que cuando se abra el hospital público la Junta solo podrá modificar el 20% del contrato con Pascual y eso una vez transcurridos 30 meses desde su firma». Así, según ha denunciado Ahumada, la delegada de la Junta en Huelva «mintió al afirmar que en el momento en el que se abra el hospital público el concierto con Pascual concluye».

Para Unidas Podemos por Andalucía se trata «de un ejemplo más de la estrategia de este Gobierno de PP y C´s de seguir transfiriendo dinero público a las empresas que hacen negocio con nuestra salud, aunque sea a costa de las arcas públicas y de una prestación de los servicios que, en muchas ocasiones, es más que precaria y que conlleva importantes perjuicios para la salud de los andaluces y las andaluzas».

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