El acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox para la nueva legislatura en Andalucía incluye 150 medidas repartidas entre fiscalidad, inmigración, vivienda, sanidad, educación, familia, sector primario y medio ambiente, entre otras áreas.
El documento, suscrito por Juanma Moreno y Manuel Gavira, compromete a ambas formaciones a negociar y aprobar conjuntamente los presupuestos autonómicos de 2027, 2028, 2029 y 2030. Entre los puntos más destacados aparecen la incorporación del principio de «prioridad nacional» en el acceso a ayudas y viviendas públicas, la construcción de al menos 20.000 viviendas protegidas y una bajada progresiva del IRPF.
El pacto también incluye la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos, la retirada de subvenciones a determinadas ONG relacionadas con la inmigración, el fin del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los colegios andaluces y una reducción del 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por participación institucional.
Rebaja progresiva del IRPF y nuevas deducciones
PP-A y Vox acuerdan reducir cada año un 0,25% los tramos autonómicos del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros. El objetivo es acumular una rebaja total de un punto porcentual al final de la legislatura.
El pacto incorpora además varias deducciones vinculadas a la natalidad. Las familias podrán deducirse 500 euros por el nacimiento o adopción del primer hijo, 1.000 euros por el segundo y 1.500 euros a partir del tercero.
Estas cantidades se duplicarán cuando el hijo tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. También se elevará de 200 a 300 euros la deducción autonómica para las familias numerosas.
La educación de los hijos dará acceso a deducciones relacionadas con el aula matinal, el comedor, los uniformes, el material escolar o las clases de refuerzo. El acuerdo prevé igualmente una deducción del 15% por la compra de gafas, cristales graduados y lentillas para descendientes, con un máximo de 150 euros.
Los pacientes diagnosticados de esclerosis lateral amiotrófica, así como las personas que tengan a su cargo a un familiar con ELA, podrán acceder a una deducción fija de 2.000 euros por enfermo, sin límite de renta.
PP y Vox eliminarán tres impuestos ambientales
Otro de los compromisos fiscales es suprimir los tres tributos propios que permanecen vigentes en Andalucía en materia ambiental.
El documento menciona expresamente los impuestos sobre las bolsas de plástico, las emisiones de gases y los vertidos a las aguas litorales. PP-A y Vox justifican la medida por la intención de reducir la presión fiscal sobre familias, empresas y autónomos.
En el impuesto de sucesiones se plantea bonificar la adquisición de una vivienda habitual entre hermanos. También se estudiará ampliar al 50% la bonificación para tíos, sobrinos y otros familiares incluidos en el grupo tercero de parentesco, siempre que la evolución de la recaudación lo permita.
«Prioridad nacional» en ayudas, prestaciones y servicios sociales
Una de las medidas centrales del acuerdo establece que el acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspire en el principio de «prioridad nacional».
La aplicación de este criterio se articulará mediante un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con Andalucía. También se tendrá en cuenta la trayectoria de cotización, la permanencia y la contribución al sistema.
El pacto contempla excluir de las prestaciones y de los servicios sociales estructurales a las personas que se encuentren en situación administrativa irregular. Su acceso quedaría limitado a los supuestos de urgencia vital.
PP y Vox reclamarán además la modificación de la Ley de Extranjería y de las normas que impidan aplicar plenamente estas medidas.
Menos plazas para migrantes y un plan de repatriación
El Gobierno andaluz se compromete a rechazar los mecanismos estatales de reparto de migrantes en situación irregular, tanto adultos como menores.
El documento señala que la Junta no habilitará nuevos centros ni creará más plazas en los ya existentes, además de reducir el gasto en esta materia al «mínimo imprescindible» dentro del marco legal.
Otra de las medidas es impulsar acuerdos con los países de origen para facilitar la repatriación de menores extranjeros no acompañados y su retorno con sus familias.
El pacto recoge también una auditoría anual de los gastos vinculados a la inmigración y la supresión de ayudas, convenios y subvenciones a ONG que, según el documento, participen en la promoción o el sostenimiento de la inmigración irregular.
Prohibición del burka y el nicab
La Junta prohibirá el uso del burka, el nicab y cualquier prenda similar que cubra completamente el rostro en edificios, servicios y espacios públicos dependientes de la Administración autonómica.
PP-A y Vox sostienen que estas prendas resultan incompatibles con la identificación personal, la seguridad y los principios básicos de convivencia. La medida deberá aprobarse antes de finalizar 2026.
También se creará un servicio para verificar el fraude en prestaciones, empadronamientos y residencias. Este organismo se coordinará con los ayuntamientos para detectar inscripciones ficticias y accesos indebidos a ayudas o viviendas protegidas.
Construcción de 20.000 viviendas protegidas
El acuerdo PP-Vox en Andalucía compromete la construcción de al menos 20.000 viviendas protegidas durante la legislatura mediante fórmulas de colaboración público-privada.
El acceso a la vivienda pública y al alquiler social quedará igualmente vinculado al principio de «prioridad nacional». La Junta reforzará los requisitos de arraigo, empadronamiento, cotización, actividad laboral y relación familiar o social con Andalucía.
El documento plantea valorar positivamente a los menores de 36 años, las familias numerosas, las personas con discapacidad, las unidades familiares con dependientes y quienes se encuentren sin una solución habitacional.
Quedarán excluidas las personas condenadas por allanamiento o usurpación de viviendas mientras mantengan antecedentes penales por estos delitos.
Rebaja del impuesto por comprar una vivienda
PP-A y Vox acuerdan reducir progresivamente el tipo general del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. La rebaja será del 0,25% por cada año de legislatura.
También se elevará el precio máximo de las viviendas que permiten aplicar tipos reducidos. Para los jóvenes y las personas con discapacidad, el límite pasará de 150.000 a 200.000 euros. En el caso de las familias numerosas, aumentará de 250.000 a 300.000 euros.
El pacto contempla estudiar el pago fraccionado del impuesto durante un periodo de hasta diez años para determinados compradores y establecer avales públicos para familias numerosas. La Junta avalaría hasta un 20% para facilitar hipotecas que alcancen el 95% del precio de compra o tasación.
Cambios en los colegios andaluces
El acuerdo incluye la gratuidad progresiva del primer ciclo de Educación Infantil y una mayor financiación de los servicios vinculados a la conciliación familiar.
Uno de los puntos más controvertidos es el final del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. La Junta no renovará su adhesión a partir del curso 2027-2028.
PP-A y Vox aseguran que esta decisión busca impedir «injerencias extranjeras» y programas que consideran de «adoctrinamiento», además de reforzar el conocimiento de los usos y costumbres españoles.
El pacto también prevé climatizar los centros educativos públicos desde el inicio de la legislatura y reclamar una prueba de acceso a la universidad común para toda España.
Un refuerzo de 1500 profesionales educativos
El Ejecutivo incorporará progresivamente al menos 1.500 nuevos profesionales para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Las contrataciones incluirán especialistas en Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y personal técnico de integración social.
El documento prevé comenzar las incorporaciones durante el curso 2026-2027 y completar el plan antes de que termine el curso 2027-2028.
La historia del terrorismo en España también pasará a formar parte de los planes de estudio andaluces.
Auditoría de las listas de espera del SAS
La sanidad ocupa uno de los apartados más extensos del acuerdo. La Junta realizará una auditoría de las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consultas externas.
A partir de sus resultados se elaborará un plan extraordinario con objetivos públicos por hospital, especialidad y provincia. El documento contempla ampliar la actividad ordinaria, organizar jornadas extraordinarias y realizar derivaciones dentro del sistema público.
También se permitirá recurrir a la sanidad privada cuando se considere necesario, aunque los contratos deberán incluir indicadores de calidad, publicación de resultados y cláusulas de reversión.
Consultas el mismo día en Atención Primaria
La Junta implantará progresivamente una agenda de «consulta el mismo día» para procesos agudos, pediatría y pacientes vulnerables.
Los centros de salud deberán reservar citas diarias para estos casos y reforzar el personal sanitario y administrativo cuando resulte necesario.
También se incrementará de forma finalista el presupuesto destinado a Atención Primaria, con partidas vinculadas a contrataciones, infraestructuras, equipamiento diagnóstico y reducción de las demoras.
El acuerdo incluye un plan de estabilización laboral para los profesionales del SAS, incentivos para cubrir plazas rurales, contratos puente para los MIR y EIR y un programa para atraer de regreso a sanitarios españoles que trabajan fuera de Andalucía.
Plan de salud mental y prevención del suicidio
PP-A y Vox acuerdan crear un plan integral de salud mental con financiación estable y equipos infantojuveniles en cada provincia.
También se implantará un protocolo de prevención del suicidio con seguimiento activo durante las 72 horas posteriores a un intento autolítico. El programa prestará especial atención a menores, adolescentes, jóvenes, mayores que viven solos y personas vulnerables.
El documento contempla igualmente reforzar los cuidados paliativos, los cribados oncológicos y los programas de diagnóstico precoz.
Cada hospital deberá disponer de un circuito preferente para los casos con sospecha fundada de cáncer de mama, colon, pulmón, próstata o ginecológico.
Auditoría del coste sanitario de la población extranjera
La Junta realizará una auditoría pública anual sobre el coste sanitario directo e indirecto de la asistencia prestada a personas extranjeras.
El informe tratará de diferenciar entre residentes legales, desplazados temporales y personas sin residencia regular, dentro de los límites permitidos por la legislación.
Además, se creará una unidad específica en el SAS para reclamar a aseguradoras, mutuas, otros países y terceros obligados los gastos sanitarios que legalmente les correspondan.
Nueva ley de familia y apoyo a la maternidad
El Gobierno aprobará una nueva ley de familia antes de que termine 2028. El texto tendrá como objetivos fomentar la natalidad, facilitar la conciliación y reconocer el valor social de las familias numerosas y de aquellas que tengan personas dependientes.
El acuerdo prevé aumentar cada año las partidas destinadas a natalidad y ayudas por nacimiento, además de promover campañas de apoyo a la maternidad y «a la vida como un bien social».
También se creará un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada y se impulsará una Ley de Segunda Infancia para mantener la atención a niños que dejan los servicios de atención temprana al cumplir seis años.
Tauromaquia, caza y pesca como atractivos turísticos
PP-A y Vox impulsarán la tauromaquia, la caza y la pesca como productos turísticos. Además, el futuro Plan Andaluz de Protección del Patrimonio Cultural en Riesgo incluirá una línea específica para el patrimonio taurino.
El pacto recoge igualmente una modernización de museos y archivos, una mayor programación de los centros culturales provinciales y medidas para preservar el patrimonio de los cascos históricos.
Rechazo al Pacto Verde y al acuerdo con Mercosur
En materia agraria, la Junta adoptará una posición formal contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur mientras no garantice condiciones equivalentes para los productores andaluces.
El pacto reclama que las importaciones cumplan los mismos requisitos fitosanitarios, laborales y ambientales que los productos europeos.
También recoge el rechazo a la reforma de la Política Agraria Común y a la condicionalidad climática del Pacto Verde. La Junta no creará nuevos impuestos autonómicos derivados de la Agenda 2030 o de estas políticas europeas.
Apoyo al regadío, la ganadería y la pesca
El acuerdo plantea ampliar la superficie de regadío, modernizar las infraestructuras hidráulicas y agilizar las ayudas de la PAC.
La Junta reclamará la ejecución de presas y actuaciones estatales pendientes, entre ellas Alcolea, Gibralmedina, Rules y Siles.
También se pondrá en marcha un plan para recuperar la cabaña ganadera, se financiará la vacunación contra la lengua azul y se aprobarán ayudas para la ganadería extensiva, el campo bravo y las dehesas.
El Ejecutivo defenderá la pesca de arrastre, reclamará más días de actividad para la flota y promoverá una revisión de las cuotas.
Recorte del 50% de las subvenciones a sindicatos y patronales
El pacto contempla reducir a la mitad las subvenciones que reciben los sindicatos y las organizaciones empresariales por su participación institucional.
También se revisarán las ayudas destinadas a entidades privadas que no acrediten una utilidad pública efectiva. Cada subvención deberá justificar previamente su destino, los resultados obtenidos y su aportación a la mejora de la vida de los andaluces.
El documento incluye además una revisión de organismos públicos, normas y subvenciones que PP-A y Vox consideren «ideológicas», ineficientes o superfluas.
Vox asumirá una vicepresidencia del Gobierno andaluz
El acuerdo incluye una distribución de responsabilidades institucionales entre los dos socios.
Manuel Gavira entrará en el Consejo de Gobierno como responsable de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidente. Vox ocupará además la Vicepresidencia Primera de la Mesa del Parlamento de Andalucía y contará con un senador por designación autonómica.
PP-A y Vox crearán una comisión de seguimiento que se reunirá periódicamente para resolver las discrepancias internas y comprobar el cumplimiento de las 150 medidas.

